Para que las ciencias, las tecnologías y la innovación puedan desarrollarse en México es necesario un marco legal inclusivo que dé certeza a la participación tanto del gobierno como de empresas, organizaciones de la sociedad civil, así como académicos, investigadores y docentes, pues sólo con la colaboración de todos estos actores podrán aprovecharse las áreas de oportunidad en beneficio del país, aseguró Fernando Sánchez Argomedo, presidente de la Comisión de Emprendimiento e Innovación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Apuntó que existen dos visiones muy importantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la primera es la de la investigación que desarrollan los científicos, quienes trabajan en aras del conocimiento en sí mismo, y la otra la que promueven las empresas, la cual está enfocada a lo práctico a que se desarrollen conocimientos para resolver problemas cotidianos, como por ejemplo el de la contingencia ambiental.
Advirtió que a pesar de que hay quienes se empeñan en hacer creer que existe una confrontación entre las empresas y los investigadores se equivocan, porque ni unos son los buenos ni los otros los malos, sino que ambos se complementan y así es como ellos mismos se ven.
En este sentido, indicó que tanto universidades públicas como privadas buscan complementarse con las empresas con la clara intención de avanzar en conjunto.
En el marco de la discusión de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que lleva a cabo la Cámara de Diputados, Sánchez Argomedo indicó que es necesario escuchar a todos los actores involucrados, y con base en ello los legisladores elaboren un marco legal que impulse la ciencia, las tecnologías y la innovación.
Señaló que existen cinco propuestas de ley sobre la mesa en torno a este tema; sin embargo, como ha sucedido en otros ámbitos, tal pareciera que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal en diciembre es a la que se le quiere dar prioridad y no solo eso, sino que se corre el riesgo de que se apruebe sin que ni siquiera se le cambie una coma a pesar de contar con muchas inconsistencias.
Anunció que la Coparmex participará en el parlamento abierto el próximo miércoles 29 de marzo en San Lázaro, donde pedirá que se escuche a los expertos y a la sociedad civil a fin de sumar sus propuestas a la ley.
Finalmente, señaló que México requiere una ley de Ciencia y Tecnología a la altura de las necesidades y no una pobre, que se queda corta para aprovechar el potencial de los investigadores y las empresas y limita las oportunidades.
Reforma regresiva
En su publicación oficial, Señal, la Coparmex calificó regresiva la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, presentada por el Ejecutivo.
El organismo empresarial consideró que se trata de una ley centralista, toda vez que propone la creación de una Junta de Gobierno, designada directa e indirectamente por el Ejecutivo Federal, desde la cual emanarán todos los planes y prioridades, y “se borra de un plumazo la positiva inclusión de los estados y municipios”.
Por otra parte, destaca que se guía bajo paradigmas ideológicos como es la no intermediación y acota la participación de sociedad civil y sector privado.
La Coparmex criticó que no se contemple la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; así como de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y de los representantes del sector productivo en su construcción y en la operación misma del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que se pretende crear.
Por otra parte, considera que se crearían discrepancias con la autonomía de las universidades y se desincentivarían las acciones que puedan realizar las entidades federativas y el sector privado en materia de inversiones en investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Es un contrasentido a las mejores prácticas internacionales.
Asimismo, el sindicato patronal advierte que “no tiene razón de ser la militarización de la política de ciencia y tecnología. No hay motivos que justifiquen la incorporación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Consejo Nacional, tanto por el objeto como por los fines que persigue.
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