Cuando el nombramiento del Fiscal General depende del poder ejecutivo, su trabajo difícilmente será autónomo, consideró Jorge Orozco Rosas, profesor de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
“Las fiscalías autónomas son aquellas que no dependen de ningún Poder y que van a juzgar ciegamente, y cuando digo ciegamente, va a ser bajo un proceso correcto y sin importar a quien estén juzgando. Eso es ideal en el derecho, es lo que se busca, eso es la justicia”, aseguró en entrevista para Yo Influyo.
No obstante, también subrayó que concretar una reforma constitucional, la que correspondería a la creación de este tipo de Fiscalía, no depende de la voluntad de una sola persona -en este caso del Ejecutivo Federal- sino que su aprobación.
“Para que se haga una reforma constitucional la propia Constitución establece requisitos y uno de ellos es que sea aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión y aparte por la mayoría de las Legislaturas de los Estados”.
Un cambio constitucional, agrega, “no es sencillo y no depende de la voluntad de una sola persona, en este caso del Ejecutivo Federal”.
El punto fundamental de la propuesta de #FiscalíaQueSirva, que impulsan más de 300 organizaciones de la sociedad civil, es que la próxima fiscalía no dependa del ejecutivo.
“Si dependes del nombramiento del presidente, entonces ya no eres autónomo, insistió”.
De acuerdo con el proceso actual, el Senado de la República envía al ejecutivo una lista de –al menos- diez personas idóneas para convertirse en Fiscal General.
Sin embargo, el punto sensible es que el Presidente de la República sigue designando a quien investiga la comisión de delitos y quien va a investigar a los anteriores funcionarios.
“Y es lo que quiere cambiar la sociedad, ‘el decir quitemos ese fiscal a modo y pongamos una verdadera Fiscalía’. Si el Presidente u otro servidor público tiene indicios de algún delito, que sea investigado y si en caso de que sea culpable, que sea sancionado”, explicó el Orozco Rosas.
“El hecho de que existan organizaciones no gubernamentales que traten de inmiscuirse en la vida política es bueno”, agregó el especialista de la UPAEP.
“Pero es posible que estemos perdiendo de vista que los senadores son nuestros representantes, que son ellos los que elegimos por nuestro sistema democrático (…) quienes nos representan son aquellos que están legitimados por las propias elecciones”.
El problema, reconoce Orozco Rosas, es que los partidos políticos suelen tener intereses de grupo, por lo que su representatividad está en entredicho.
“Los partidos políticos pareciese que atienden más bien a sus propias agendas que a la agenda social”.
No obstante conminó a “nuestros representantes, a que en verdad hagan eso, representarnos y no representar a sus propias agendas políticas”.
El profesor reconoció como una buena señal en anuncio del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de elegir como Fiscal a un experto, con amplia experiencia y honestidad probada, a quien prometió dar independencia en los hechos.
Esto porque la necesaria reforma al artículo 102 constitucional no se dará en dos o tres días, pues es un proceso complejo.
“Las Organizaciones civiles sí sienten resistencia a lo que dice Andrés Manuel de que no va a modificar el 102, pero no es una facultad del Presidente, es una facultad de varias personas y varios actores, dentro de un proceso de reforma constitucional”.
“Depende de la iniciativa del Presidente, de la aprobación de la Cámara de origen, de la aprobación de la Cámara revisora, una vez que se ha hecho eso, se manda a las Legislaturas de los Estados y cada Congreso local tendrá su propio procedimiento para ver si lo aprueba o no lo aprueban, una vez llevado a cabo esto, ahora sí se hace la reforma constitucional y ahora sí vienen los movimientos, pero no es todo contra Andrés Manuel ni tampoco a favor de, me refiero a que es un tema mucho más complejo”, afirmó.
