La piratería es un fenómeno que reduce los recursos para el país, genera más corrupción e impunidad y debilita el estado de derecho; sin embargo, es un tema que no está considerado en la agenda pública.
El incremento de la violencia, el aumento de la incidencia delictiva y la mayor corrupción en el país pueden explicarse en gran medida por la falta de combate a la piratería, aseguró Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) al señalar que es un tema que paulatinamente se ha ido abandonado, pero nunca como ahora se había dejado de lado e inclusive instituciones clave como la Fiscalía General de la República (FGR) no está haciendo su trabajo al respecto.
Al presentar el estudio Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales, que el ONC elaboró en conjunto con la Cámara Americana de Comercio (AmCham), Rivas Rodríguez destacó que, a pesar de la gravedad de esta práctica delictiva, gran parte de la población sólo la percibe como una mera infracción, toda vez que desconoce sus alcances negativos.
Por su parte, Ana López Mestre, directora general de la AmCham destacó que ocho de cada 10 mexicanos consumen productos piratas, lo que representa alrededor de 43 mil millones de pesos anuales.
Destacó que los cerca de mil 400 empresarios afiliados a la AmCham, generan 2.5 millones de empleos formales en nuestro país, además de invertir en talento, innovación, nuevas tecnologías y contribuir a crear oportunidades en las comunidades en las que operan, por eso tienen gran interés en conocer el fenómeno de la piratería, las limitantes que enfrentan los actores involucrados en el combate a este delito, y con ello tener los elementos para definir las principales áreas de oportunidad para seguir operando e invirtiendo en México.
López Mestre recalcó que para crear condiciones de competitividad la piratería es un obstáculo enorme, no sólo es un fenómeno que afecta a las marcas que generan productos y servicios, también desalienta la creatividad, la producción científica y pone en riesgo la salud y la seguridad de quien los consume.
Por su parte, Francisco Rivas dijo que la piratería se ha consolidado como una actividad criminal con altas ganancias económicas y bajos riesgos para quienes la llevan a cabo, y lamentó que esta actividad se minimice, ya que se trata de una conducta que se relaciona con diversos delitos e incluso con la delincuencia organizada.
Mencionó que la piratería genera una cadena de corrupción en la que se protege a los delincuentes mientras se afecta la recaudación de impuestos, se reduce la calidad de los productos e impacta en la disminución de los empleos además de generar riesgos para la seguridad y la salud de la población.
“La falta de evidencia del combate a la piratería de las actuales autoridades federales revela que no se está haciendo lo necesario para atender todas las causas de los índices de delincuencia y violencia, así como para frenar la corrupción. De hecho, las actuales crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia por COVID-19 potencian los incentivos para participar en la piratería”, subrayó.
Rivas Rodríguez indicó que la piratería está afectando a la consolidación del estado de derecho en nuestro país, toda vez que las autoridades toleran e inclusive protegen a los criminales quienes están involucrados en estas actividades. Destacó que la piratería implica el robo de productos, tráfico de armas, así como creación de giros negros lo que genera una descomposición en la sociedad.
Además, se asocia con otros delitos como el robo de carga y contrabando que al saltarse los canales aduanales genera una falta de control del territorio y las fronteras.
Mencionó que entre los hallazgos del estudio se puede observar que el desempeño de la Fiscalía General de la República ha empeorado respecto al pasado, ya que en 2019 las acciones operativas antipiratería se desplomaron con relación a 2018.
El director general del ONC afirmó que la corrupción no se mueve por individuos sino a través de redes, y sostuvo que la comercialización de los productos piratas se lleva a cabo principalmente en los mercados notorios que se benefician de la violación de derechos de autor y la falsificación de marcas comerciales. Asimismo, reveló que el estudio identificó 19 mercados notorios en el país, de los cuales el 31.6 por ciento se concentran en Ciudad de México, 21 por ciento en Jalisco y 15.8 por ciento en Guanajuato.
El análisis también destaca que “la destrucción de instituciones clave como la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) y el debilitamiento de Cofepris y Profeco dificultan otras opciones legales para hacerle frente a la piratería”.
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