La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se sumó a la estrategia del Jefe del Ejecutivo de ataque al Instituto Nacional Electoral (INE) al emitir una “recomendación” en la que, entre otras cosas, pide al Congreso de la Unión llevar a cabo las acciones legislativas para efectuar las modificaciones para “garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal”.
Ciñéndose al lenguaje ideológico marcado por el Jefe del Ejecutivo que desvirtúa y desacredita la labor que el INE ha realizado en favor de la democracia como órgano autónomo durante varios años, el pronunciamiento de la CNDH se refiere al organismo electoral y a los institutos que le precedieron, de ser “órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.
El documento de la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, nombrado “Recomendación General 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965”, se publicó el viernes 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y señala tres recomendaciones específicas para el INE:
1.- Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
2.- Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
3.- Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.
En otro aspecto, acusó que el presidente del INE criticó la “inamovilidad” a la CNDH, por lo que pidió que en lugar de “guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables y prejuicios, que nos permita recuperar la confianza en las instituciones, transformándolas, a efecto de que sean lo que no han sido: instrumentos reales al servicio de la voluntad y los intereses del pueblo”.
Por otra parte, el pronunciamiento de la CNDH refiere, sin explicar, que existen “privilegios y gastos excesivos que implica sostener el actual aparato del INE”.
Zapatero a tus zapatos
En respuesta al pronunciamiento emitido por la CNDH, el INE aseguró que desde su creación “cumple de manera cabal los compromisos que le mandatan la Constitución y la ley para fomentar la vida democrática, fortalecer el régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales”.
Abundo que en el transcurso de su existencia ha organizado exitosamente 330 elecciones en todo el país, de tipo federal, local, partidistas, de Asamblea Constituyente de la CDMX y procesos de participación ciudadana, en plenas condiciones de equidad y garantizando cabalmente el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sin improvisaciones y con profesionales que, proceso tras proceso, cumplen su función de organizar elecciones y garantizar el respeto al voto.
Subrayó que “en este proceso, la ciudadanía acompaña al Instituto contando los votos de sus vecinas y vecinos, y ha podido atestiguar que no existe fraude y que se cumple con las reglas“.
En lo que respecta al costo de las elecciones, el INE aclaró que éste se debe a las responsabilidades y atribuciones que se han ido sumando a la autoridad electoral por parte de los legisladores, y enfatizó que “el Instituto sólo cumple con las funciones que se le han encomendado dentro del sistema electoral”.
En otro aspecto, el INE dejó en claro que la Constitución establece que los organismos de protección de los derechos humanos “no son competentes tratándose de asuntos electorales”, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral, recalcó.
Al mismo tiempo, indicó, la misma Constitución detalla que sólo corresponde al INE, en su calidad de organismo constitucional autónomo, la función estatal de organización de las elecciones, así como a los Organismos Públicos Locales.
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