Los derroches del gobierno de Andrés Manuel López Obrador exceden los ahorros que el ejecutivo ha presumido de su política de “austeridad republicana”.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, la política central del gobierno federal fue el combate a la corrupción, problema que, según AMLO, ha deteriorado al país.
La política de la llamada “cuarta transformación” ha sido cuestionada por la sociedad civil, empresarios y políticos, porque los recortes hechos al presupuesto del sector público como parte del combate a la corrupción, han generado complicaciones en las entidades públicas y en la sociedad.
Ése ha sido el efecto de acciones tales como la reducción de asignaciones económicas a las entidades autónomas, la baja de salarios a los funcionarios públicos y la cancelación de programas sociales como las estancias infantiles o el seguro popular.
El problema no está únicamente en la austeridad republicana y el ahorro del gobierno como parte del combate a la corrupción. Gustavo de Hoyos, presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asegura que la organización que preside está de acuerdo con la estabilidad presupuestal que este gobierno propone; sin embargo, los recortes deben hacerse de manera racional.
Por un lado, en mayo, el gobierno federal anunció un ahorro por 200 mil millones de pesos en su programa de compras, por el otro derrocha dinero en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al gastar más de 121 mil millones de pesos en liquidaciones a inversionistas.
En febrero, el Ejecutivo informó en conferencia de prensa que se había ahorrado 33 mil millones de pesos al frenar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a Grupo Modelo, además de haber obtenido otros 10 mil millones de pesos por la venta de 54 aviones y helicópteros, pero se pretende gastar 1 600 millones de pesos en inundar la obra del NAIM, en la que ya se habían invertido 100 mil millones de pesos.
Ante esta situación, algunos empresarios y grupos de la sociedad civil en general, se unieron para interponer amparos y así evitar que esto ocurriera.
El 17 de junio, un juez federal ordenó suspender de manera definitiva el proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, respondiendo así a 147 amparos que el colectivo #NoMásDerroches planteó ante el Poder Judicial.
#NoMásDerroches anunció mediante un comunicado que seguirá recurriendo a la vía legal contra cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgo a la seguridad o violaciones de los derechos humanos.
Sobre este tema, el presidente de la Coparmex, organismo que también forma parte del colectivo #NoMásDerroches, ha anunciado en diferentes ocasiones que la forma en que se canceló el NAIM pone en gran riesgo la certeza jurídica del país y las inversiones.
En el sector petrolero, el gobierno de AMLO anunció la cancelación de 7 licitaciones para la exploración y extracción de petróleo. Mismas que el presidente de la Coparmex calificó como un grave error y sentenció que la acción retrasará al país en la obtención de insumos importantes.
A pesar de la cancelación correspondiente en exploración y extracción, el gobierno federal tiene la intención de crear una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, que según el ejecutivo tendría un costo de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, especialistas y calificadoras como Moody´s advierten que el costo final de la refinaría oscila entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares.
En esta política de supuesta austeridad, el gobierno federal advirtió que ahorraría dinero con la revisión de contratos de trabajadores gubernamentales de confianza, tratando de reducir 70% de la plantilla laboral de confianza porque, según el ejecutivo, existían aviadores dentro de las instituciones públicas.
Esto creó un conflicto en diferentes entes gubernamentales, uno de ellos la Aduana de Manzanillo, donde la Coparmex alertó sobre la situación de riesgo que se cierne sobre la economía nacional a causa de una parálisis de la aduana. Estas complicaciones se dieron como consecuencia de los despidos y las renuncias del administrador, el subadministrador y parte del personal administrativo.
Otro proyecto del gobierno de la República que la sociedad cataloga como derroche es el Tren Maya en la península de Yucatán, que estará a cargo de la Secretaría de Turismo (Sectur), con 1 460 kilómetros de vía ferroviaria y cuya inversión se estima entre 6 mil millones y 7 mil millones de pesos.
Sobre el Tren Maya, Gustavo de Hoyos dijo que a pesar de ser planteado como la panacea del desarrollo regional, el cúmulo de recursos que se han comprometido para ese proyecto tendría más rentabilidad si se aplicara en obras sociales más pequeñas.
