El objetivo de la Ley de Amnistía propuesta por AMLO es indultar a jóvenes, mujeres e indígenas humildes, presuntamente inocentes o “poquito culpables” que están presos.
La fragilidad del sistema de justicia en México ha provocado que personas inocentes se encuentren en la cárcel inculpadas por delitos que no cometieron, por la falta de un proceso justo debido a la ignorancia de las leyes, por carecer de un defensor de sus derechos o simplemente por no tener dinero para pagar una fianza o para que “las autoridades” den fluidez a su caso.
Ésta es una realidad que se presenta a lo largo y ancho del país, es una problemática compleja que para dejar de ocurrir requiere de voluntad política, trabajo del gobierno y la sociedad civil, además de un marco normativo que dé certeza jurídica a los inculpados de algún delito a fin de establecer su inocencia y dejarlos en libertad, o en el caso de que sean culpables, darles la oportunidad para reintegrarse a la sociedad.
El domingo 15 de septiembre, como gesto simbólico a la liberación de presos que hizo el cura Hidalgo en 1810, AMLO envió al Congreso de la Unión una iniciativa para la Ley de Amnistía, con la que de acuerdo a la exposición de motivos pretende “hacer todo lo posible por aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, una de las cuales es la carencia de posibilidades de acceder a la justicia pronta y expedita”, principalmente a quienes de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario son los más afectados por su elevada vulnerabilidad social: las mujeres, los jóvenes y los indígenas.
Durante su tercera campaña a la presidencia, López Obrador enarboló la amnistía como una estrategia para acabar con la violencia en el país, el llamado más categórico, aunque no el primero de este tipo, lo realizó el 2 de diciembre de 2017 durante un mitin que realizó en el estado de Guerrero.
Ahí, frente a sus seguidores y representantes de medios de comunicación, aseguró contundentemente que “si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ’ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”.
Este propósito nunca lo dejó de lado, por el contrario, es parte de su “política amorosa”, con la que dijo que iba a combatir la inseguridad y establecer la paz en el país.
El 18 de febrero de 2018 en su discurso de toma de protesta como candidato de Morena a la presidencia, en aras de la paz social, AMLO se comprometió a someter “a debate, inclusive con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a los infractores que opten por la readaptación”.
Ya instalado en la silla presidencial, envió este domingo 15 de septiembre al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Amnistía, la cual tendrá carácter preferente, por lo que deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 31 días naturales.
Que los den por muertos
De acuerdo con la minuta entregada por el Ejecutivo, esta ley no aplicará para quienes se encuentren en prisión preventiva oficiosa por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Tampoco servirá para quienes hayan delinquido por robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Otros causales para quedar excluidos de acogerse a esta ley serán los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Los que pueden apuntarse
Quienes sí podrían ampararse con esta legislación serían las personas que fueron privadas de su libertad en cinco casos en concreto:
1.- Aborto, en cualquiera de sus modalidades. Cuando se impute a la madre, médicos y parteros (sic) “siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido”.
2.- Delitos contra la salud. En el caso de que quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, o que haya actuado bajo presión. Además de los consumidores que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediata, y que no pretendiera distribuirla o venderla.
3.- Indígenas acusados por cualquier delito que durante su proceso no hayan contado con su derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
4.- Por robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
5.- Por sedición (alzamiento colectivo y violento contra un poder establecido) o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo ni se haya privado de la vida u ocasionado lesiones graves a otra persona o se haya utilizado armas de fuego.
Vaciar las cárceles
En 41 años, en México en dos ocasiones se ha hecho una semejante. La primera fue en 1978 siendo presidente José López Portillo que para cerrar el capítulo de la llamada Guerra Sucia en su segundo informe de gobierno dijo: “Tengo la seguridad de que hoy, como ayer, con Juárez, Lerdo de Tejada y Cárdenas, una ley de amnistía hará más sólida y productiva nuestra paz social y política”.
De esta manera la Ley de Amnistía se aplicó en favor de las personas investigadas o condenadas “por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país.” Esta ley fue abrogada el 27 de enero de 2015.
La segunda ocasión fue en 1994 bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari quien con el fin de lograr un diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), envió una iniciativa de amnistía al Congreso para otorgar el perdón a todas las personas contra quienes se ejerció acción penal por los delitos de violencia en varios municipios de Chiapas, del 1 al 22 de enero de ese año.
Ahora la amnistía para AMLO tiene la finalidad lograr la paz y dar oportunidad a gente en situación de vulnerabilidad ocasionada por la pobreza, que se vio obligada a delinquir y posteriormente imposibilitada a defenderse adecuadamente, por lo que sufre una condena en prisión.
Sin embargo, con esta ley López Obrador reafirma su convicción de que hay personas que han infringido la ley por error u orilladas por presiones o situaciones de sobrevivencia, pero que pueden portarse bien, por lo que considera necesario darles la oportunidad de reinsertarse a la sociedad.
Vaciar las cárceles no es una solución para acabar con la inseguridad y lograr la paz, toda vez que el sistema penitenciario es un solo eslabón dentro de la cadena del sistema de justicia que debe atenderse de manera integral a fin de prevenir y combatir la delincuencia y contar con mecanismos efectivos que permitan a quienes han estado en prisión reinsertarse en la sociedad en lugar de aprender e involucrarse con el crimen organizado.
Noble fin, pero…
Los partidos de oposición han advertido la necesidad de que la propuesta de ley sea analizada detalladamente a fin de evitar que sea mal interpretada y en lugar de frenar la delincuencia aliente a la misma.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que está iniciativa puede ser un mal mensaje ya que lo que está diciendo es “si robas poco puedes salir a la calle, y si el delito es menor no se va a sancionar”.
Asimismo, cuestionó que solamente se plantee liberar a los presos, “simplemente saldrán, hay algún proceso de readaptación social o ellos serán nuevamente quienes estén robando a todas y todos en diferentes estados de la República”.
Alertó que aprobar esta ley cuando los índices de robo están más elevados que nunca puede ser precipitado y poner en riesgo a la sociedad, además de que puede tratarse únicamente de una medida populista que no resuelva el problema de fondo.
Por otra parte, la coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez, indicó que es necesario esclarecer los alcances del planteamiento, para que al final, no resulte inoperante y sirva como instrumento de propaganda para el Ejecutivo Federal.
En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, reconoció que es importante reivindicar a quienes han sido castigados indebidamente, pero señaló que se requiere precisar muchos casos en los que se aplicaría la amnistía, como con las denominadas autodefensas a fin de evitar que organizaciones delictivas se aprovechen de esta ley.
Los diputados tienen ya en sus manos esta iniciativa que deberán analizar y votar. Seguramente siendo mayoría Morena esta ley pasará sin ningún o muy pocos cambios ya que la apoyan tal y como fue enviada por López Obrador.
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