Las autoridades electorales fueron violentadas a través de las redes sociales y diversos grupos buscan minar su legitimidad.
El Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que las elecciones del 6 de junio han sido las más violentas de la historia de México, en las cuales se presentaron 910 agresiones, un 17.5 por ciento más respecto al proceso electoral previo, y por lo menos 90 homicidios.
Al presentar el estudio “Delitos electorales y violencia política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por COVID-19 en México”, el cual indica que se registraron 523 carpetas por delitos electorales, una parte de los cuales están asociados al uso de programas sociales y de vacunación contra el COVID-19 para fines electorales, y 86 casos de violencia política en razón de género.
El documento destaca que las autoridades electorales fueron violentadas a través de las redes sociales y que diversos grupos buscan minar su legitimidad.
“Las amenazas en redes sociales contra los consejeros electoral del INE tienen como objetivo mermar la legitimidad de la institución e influir en su labor y muestran una grieta donde se asoma otra forma de violencia política”, refieren el documento.
El estudio advierte el uso de medios digitales para habilitar delitos electorales, la mayor incidencia de este tipo de delitos fueron en Facebook, Twitter y WhatsApp.
Se comprobó que la violencia política contra la mujer en razón de género se mantiene como un obstáculo para la participación efectiva de las mujeres en la vida política.
En videoconferencia, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dijo que la principal debilidad del sistema es la justicia penal. Esta debilidad, explicó, se agudizó por un mayor uso de medios digitales para cometer delitos, nuevas conductas por la aplicación simultánea de la campaña de vacunación por COVID-19. “La violencia política durante el proceso electoral se mantiene como un riesgo severo para la democracia”, agregó.
Entre los obstáculos para que los agresores sean sancionados, detalló, se encuentran problemas en la correcta integración de las denuncias y la nula capacitación que realizan los partidos políticos sobre el tema.
Además, lamentó que los informes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por falta de desagregación, no permitan la identificación puntual de las distintas modalidades de actos posiblemente constitutivos de delito por uso electoral del programa de vacunación.
Además de que la FEDE no informó en qué consistió la estrategia de blindaje electoral y solamente la Secretaría del Bienestar mostró un Programa de Blindaje Electoral.
Además, que en el pasado proceso electoral se observó ausencia de involucramiento y colaboración entre dependencias y organismos de la administración pública federal para el blindaje de programas sociales y escasa coordinación con organismos de otros niveles de gobierno.
Rivas alertó sobre la falta de transparencia por partes de las instituciones de seguridad y justicia en materia de prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales.
Por lo anterior, el Observatorio Nacional Ciudadano propuso las siguientes recomendaciones, entre los que destacan:
• Avanzar en la tipificación de las modalidades de la violencia política: contra las autoridades electorales y contra las mujeres en razón de género, escalar en las sanciones que ameritan.
• Incluir en el Padrón del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política del INE a personas morales.
• Crear condiciones de legalidad y certeza respecto al uso de tecnologías de la información con fines electorales.
Te puede interesar: México está entre los países que demandó a China por el COVID-19
