Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, aceptó ser extraditado para enfrentar ante las autoridades mexicanas las acusaciones realizadas en su contra por la actual administración estatal, mismas que calificó de “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”.
Durante la segunda audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal guatemalteco Duarte de Ochoa dijo que “he determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, un gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso”.
La solicitud de extradición proviene de dos causas penales de dos órdenes de aprehensión por parte de un Juez de Control de Xalapa. En la primera de ellas se instruyó la captura por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público. En la segunda, la aprehensión fue girada por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.
“Acusarme, no por lo miles de millones de pesos que se han llenado la boca diciendo en la prensa y los medios de comunicación, acusándome de depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del estado a otra cuenta del gobierno del estado, es decir, no hay una extracción de dinero público. Aparte, esa transferencia está fundada en oficios que no participé, no firmé. El gobernador del estado no tiene esa competencia, para ello existen los secretarios de cada una de las dependencias, la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece que son responsables de cada una de sus actuaciones las secretarías”, dijo el exgobernador veracruzano.
Tras escuchar a Duarte, el magistrado Saúl Martínez determinó suspender el trámite del procedimiento de extradición y sólo ordenó su detención con fines de extradición mientras se cubren los trámites para entregarlo a México.
Asimismo, Martínez pidió aguardar hasta que el Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala se pronuncié de manera definitiva sobre la extradición el próximo 3 de julio, cuando se celebre la audiencia por la acusación que formuló la Procuraduría General de la República (PGR), quien obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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