La aprobación de la Ley General de Seguridad Privada permitirá homologar reglas y permisos a las empresas que ofrecen estos servicios, aseguró Armando Zúñiga, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume).
La inseguridad se ha convertido en un obstáculo para que las empresas operen adecuadamente, lo que afecta más agudamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y las pérdidas para el sector privado por este fenómeno ascienden al dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), indicó Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Destacó que debido a que los asaltos, extorsiones, robos y homicidios “están a la orden del día” y lo padecen diariamente en sus plantas, mercancías y corporativos, el sector privado se ha visto obligado a contratar servicios de seguridad privada, gracias a la cual los riesgos de ser víctimas de actos delictivos presentan una reducción de hasta 30 por ciento. “Lo que invierten las empresas en seguridad es cada vez mayor, por lo que gracias a la seguridad privada podemos circular”, subrayó.
El dirigente de la cúpula empresarial destacó que el 95 por ciento de los delitos son del fuero común, por lo que urgió al reforzamiento de las policías estatales, municipales y los ministerios públicos, donde señaló se encuentran muchos de los diversos problemas en materia de seguridad y de corrupción.
Al participar en un evento organizado por las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), Cervantes Díaz hizo un llamado a los tres poderes de la Unión para que cambien la estrategia en esta materia.
Agregó que el sector privado siempre ha propuesto trabajar en una agenda integral de seguridad, que incluya a los tres órdenes de gobierno y a sus respectivos cuerpos centrales de seguridad pública, al tiempo que se pronunció porque el mando de la Guardia Nacional sea de carácter civil; sin embargo, advirtió que los empresarios serán respetuosos de lo que el Senado decida.
Asimismo, consideró como positivo contar con un cuerpo integral como la Guardia Nacional que refuerce las áreas y tareas de apoyo para la seguridad pública, junto con el Ejército y la Marina en casos complejos y graves en los que la intervención de la policías municipales y estatales sea ineficiente.
Enfatizó que la Guardia Nacional ha crecido hasta tener alrededor de 118 mil elementos, cifra que aún está a la mitad del número de efectivos que debería tener el país por cada mil habitantes.
“Hoy se tienen a 1.5 miembros por cada mil personas, cuando debieran ser tres, para considerarle un cuerpo de seguridad eficiente en un país. En contraste, si sumamos los efectivos de la Guardia Nacional a los de la Fuerza Armada Permanente, México pasa a tener la novena milicia más grande del mundo en cuanto a número de efectivos que estará alrededor del medio millón”, mencionó.
Cervantes Díaz señaló que el CCE trabaja con gobernadores y alcaldes para atender la problemática de la inseguridad. Asimismo, indicó que “juntos podemos combatir la corrupción combinando herramientas institucionales y estratégicas; impulsemos un marco de transparencia en las interacciones de las y los empresarios, y desarrollemos la cultura de la denuncia, así como una continua mejora regulatoria”.
Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, presidente de Asume, advirtió que es necesaria una regulación que ayude a profesionalizar al sector de la seguridad privada y homologue reglas y permisos a nivel nacional, por lo que la Ley General de Seguridad Privada debe aprobarse para así garantizar el marco jurídico que dé paso a que los servicios de seguridad del ramo cuenten con un estándar de calidad para mayor seguridad de los ciudadanos y las empresas que hacen uso de estos.
Cabe señalar que la anterior legislatura resultó en la publicación de la reforma constitucional en materia de seguridad privada, en mayo de 2021. Esta estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses, para que la Federación y las Entidades Federativas contaran con una articulación y coordinación eficiente con el sector en todo el territorio Nacional.
A finales de agosto, Asume envió una misiva a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y presidentes de las Comisiones de Seguridad de las Cámaras de Diputados y al Senado, así como a los presidentes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para solicitar que en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se dé cumplimiento a la obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada.
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