Con el aplazamiento de su aprobación, se pretende el inicio de una campaña de concientización para aminorar las prácticas de la subcontratación que en algunas ocasiones no cumplen con las prestaciones de ley.
El gobierno federal, el sector empresarial y representantes de trabajadores aplazaron hasta febrero de 2021 la iniciativa de reforma que busca regular el outsourcing en México como método de subcontratación laboral, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Con el aplazamiento de su aprobación, se pretende el comienzo de una campaña de concientización para aminorar las prácticas de la subcontratación que en algunas ocasiones no cumplen con las prestaciones de ley.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un llamado formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posibles comisiones de delitos, procedan de inmediato a regularizarse para que cumplan con la ley.
La propuesta de reforma consiste en la regulación de tres figuras. La primera es la subcontratación, que consiste en que una persona proporcione trabajadores propios en beneficio de otra. La segunda son los servicios especializados que no formen parte del objeto social, los cuales requerirán una autorización de la Secretaría del Trabajo y formarán parte de un padrón público.
La tercera es tratar que los agentes de colocación puedan intervenir en el proceso de reclutamiento, entrenamiento y capacitación, pero el intermediario no se considerará patrón.
Iniciativa de la subcontratación debe ser paulatino
Rosa Sumaya Tostado, coordinadora de la Licenciatura en Contador Público Internacional en CETYS Universidad Campus Tijuana, dijo que sería complicado la eliminación del outsourcing en México a principios del 2021 si esto es inmediato y no un cambio paulatino, ya que las empresas requieren de capacidad administrativa y financiera para hacerse cargo de los empleados de subcontratación.
“Se debe ver si existen las condiciones para eliminar la figura del outsourcing, si las empresas tienen la capacidad de absorber a estos trabajadores, porque ya no pagarán el gasto general, ahora tendrán que cumplir con el Seguro Social, con el Infonavit, con la nómina y todo lo que concierne a sus derechos”, dijo para Yo Influyo.
La académica refirió que la subcontratación o tercerización en el mundo empresarial tiene el sentido de designar un proceso en el cual una entidad contrata a otra externa para llevar a cabo actividades operativas específicas, como de informática, recursos humanos, contabilidad o específicamente servicio de administración general; sin embargo, por la falta de cumplimiento en sus obligaciones con los trabajadores y en pago de impuestos, el gobierno federal busca eliminar esa figura.
Respecto a la capacidad financiera, Sumaya Tostado recordó que la situación económica de muchas empresas se vio afectada por la pandemia de COVID-19, algunas comienzan a recuperarse, por lo que seguramente tendrán dificultades para el costo que generará para estas.
“México requiere muchos cambios de carácter legal y normativo, pues existen muchas situaciones creadas por la inoperancia de muchas leyes y normas, sin embargo, todos los cambios que se propongan deben ser en tiempo y en forma. Las decisiones que afectan al mundo económico y social y que surgen desde las esferas altas del Estado deben ser menos políticas y más consensuadas con los individuos que se verán afectado por ellos”, indicó la experta del CETYS.
De acuerdo con la Coparmex, de prohibirse la subcontratación las empresas tendrían que aumentar 10 por ciento de costos adicionales de mano de obra y 40 por ciento a pagos de impuestos sobre nómina y de otros derechos a trabajadores como utilidades, de esta forma advierte que podría restar atractivo a las empresas globales para invertir en México.
Te puede interesar: Aumenta la corrupción en México en 15.7%: INEGI
