El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) proporcionar los documentos que den cuenta de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la propia dependencia, Diconsa y Liconsa, según lo declarado por el director general, Leonel Cota Montaño, en una mesa de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Específicamente, debe entregar la documentación que sustente la declaración del director general en el sentido de que “en ningún caso se ha tomado la decisión de no presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa”; versión pública de las denuncias presentadas; copias de los acuses de recibido; desglose de denuncias por entidad y dependencia, así como copia de todas aquellas denuncias de las que tenga conocimiento, presentadas por otras instituciones.
“Una de las principales banderas de esta administración fue precisamente la búsqueda de autosuficiencia alimentaria en el país. Segalmex se crea, por decreto, el 18 enero del año 2019 y, en apenas cuatro años, se ha convertido en el mayor emblema de corrupción e irregularidades, y no lo decimos nosotros, las autoridades lo han dicho, lo han informado”, señaló la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el caso ante el Pleno.
Destacó que de acuerdo con la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción, en uno de sus reportajes basado en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cifra por las irregularidades detectadas ya supera los 15 mil 308 millones de pesos, monto mayor al de la llamada Estafa Maestra.
“En los tiempos que corren, donde la organización de la administración pública se guía principalmente por el principio de cuidar los centavos y tirar los pesos, vale la pena destacar que el monto de desfalco permitiría financiar la operación y el funcionamiento de este instituto 12 años”, enfatizó la comisionada del Inai.
Inconforme, porque Segalmex reservó la información por un periodo de cinco años, argumentando que su difusión podría obstruir los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai.
En alegatos, la dependencia reiteró la reserva de la información, al precisar que las denuncias son parte de procedimientos administrativos ante su Órgano Interno de Control.
Como parte del análisis, la ponencia de la comisionada Del Río llevó a cabo una prueba de interés público, mediante la cual determinó que aunque los nombres de los servidores públicos y las razones sociales de las empresas vinculadas con la solicitud comprenden, en principio, información confidencial, al estar vinculados con denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delitos presentadas por Segalmex ante la FGR, la difusión de los mismos supera las causales de reserva porque favorece la rendición de cuentas.
Bajo estas consideraciones, el Pleno del Inai revocó la respuesta de Segalmex y le instruyó entregar los documentos requeridos, relacionados con las denuncias presentadas ante la FGR, según lo manifestado por el director general de la dependencia en una mesa de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
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