De ser aprobada por el Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma Administrativa propuesta por el Ejecutivo, generaría grandes márgenes de discrecionalidad gubernamental en contra de los particulares, además de atentar contra el Estado de derecho, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México).
Indicó que los pretendidos cambios a 23 leyes federales en materia administrativa contienen modificaciones que son violatorios a la Constitución, así como a tratados internacionales en asuntos de protección de inversiones celebrados por México.
El organismo empresarial apuntó que de concretarse esta reforma, se crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el país, precisamente ahora que está en curso el nearshoring hacia México, afectando a la economía nacional
Por otra parte, señaló que si bien debe ser una prioridad acabar con el grave problema de la corrupción, así como con el manejo ilegal de altos montos de recursos públicos en colusión entre funcionarios públicos y empresas particulares, lo propuesto por el Ejecutivo con esta iniciativa ni resuelve el viejo problema, ni tampoco pone los cimientos necesarios para generar una nueva forma de hacer las cosas.
La ICC México dijo que en caso de que los legisladores aprueben esta iniciativa, se afectarían también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, toda vez que se proporcionaría mayor discrecionalidad al gobierno federal en el otorgamiento de permisos y concesiones, así como en la contratación pública.
Por ejemplo, -explicó- la Iniciativa de Reforma introduce nuevas causales de extinción del acto administrativo de carácter individual por “rescate o revocación”. Esto implica que la autoridad puede modificar las condiciones con las que fue otorgado un acto administrativo, alegando hechos o actos supervenientes, y en caso de que el particular no las cumpla, el acto puede ser revocado. Igualmente, el acto puede ser revocado por la autoridad simplemente argumentando un hecho o acto superveniente que afecte el interés público u ocasione un desequilibrio.
Dentro de estos cambios, resalta la obligación de incluir, en todos los contratos que se celebren bajo dichas leyes, una cláusula de terminación anticipada por causa de interés público, llamada “Cláusula exorbitante”, con la que se podrían dar por concluidos contratos de forma anticipada por causa de “interés público”.
Por otro lado, la ICC México mencionó que se modificarían la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y la Ley de Expropiación para limitar los montos de las indemnizaciones a cargo del Estado, lo que contraviene las obligaciones internacionales del Estado mexicano, asumidas bajo los distintos tratados en vigor, sobre todo en materia de protección de inversiones.
También se propone modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como otros nueve ordenamientos jurídicos que regulan al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros, para limitar el monto de remuneraciones que pueden recibir los servidores públicos, así como limitar la posibilidad de que al cesar sus encargos, puedan trabajar o prestar servicios a los particulares que antes supervisaban o regulaban, o con los que celebraban actos administrativos.
Asimismo, se plantea la sectorización de las entidades paraestatales para que por razones de interés público, interés general, interés social o de seguridad nacional, además de atender a su esfera de competencia puedan hacerlo con otras; para esto se crearían las figuras de “integración” y “reintegración”, con el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal la transferencia de personal y de los recursos financieros y materiales de las entidades paraestatales a las dependencias de la Administración Pública Federal.
El principio de Confianza Administrativa en el sector público se invoca también porque a decir del Ejecutivo federal, el Estado no puede estar sometido a los mismos trámites que las actividades privadas, dado que persiguen fines distintos, lo cual implicaría que en los proyectos de infraestructura prioritarios, los trámites como dictámenes, permisos, licencias, derechos de vía y expropiación de inmuebles podrán gestionarse de manera simultánea al inicio de la obra en casos de notoria y urgente necesidad, como no se pudo hacer en el Tren Maya, por ejemplo.
Estos probables hechos, apuntó, generarían un escenario de incertidumbre jurídica y, además, se introducen disposiciones que son violatorias de la Constitución y de diversos tratados internacionales vigentes en el país.
Con estas consideraciones la ICC México exhortó a los legisladores a que “en conciencia y por el bien de nuestro país, voten en contra de la Iniciativa de Reforma Administrativa propuesta por el Ejecutivo”.
Te puede interesar: México requiere una ley de ciencia y tecnología aprobada por consenso y no al vapor: Coparmex
Facebook: Yo Influyo
