El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instó al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública por representar un riesgo en derechos humanos y pidió fortalecer a las fuerzas civiles del orden.
Entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México de las cuales el 83.7 por ciento ocurrió en los últimos 16 años, destaca un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo al análisis “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, en el periodo de 2006 a mayo de 2022 las 10 entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con seis mil 387, Nuevo León con cinco mil 913, Sinaloa con cinco mil 112, Sonora con cuatro mil 161, Michoacán con cuatro mil 100, Veracruz con tres mil 961, Ciudad de México con tres mil 501 y Coahuila con tres mil 287, que en su conjunto representan el 71.8 por ciento del total de las registradas.
El documento del IBD explica que del 15 al 26 de noviembre del año pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) visitó México debido a la existencia de información que revela violaciones graves de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
La investigación realizada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández señala que a partir de 2006 se incrementó la desaparición de personas en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.
Entre los hallazgos que encontró el CED destaca la crisis forense de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. “Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”.
Ante este delicado panorama nacional, el CED resaltó el preocupante estado de impunidad estructural “que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”, así como la revictimización.
El Comité de la ONU consideró que el enfoque militarizado de la seguridad pública adoptado por el Estado para combatir la delincuencia implica un riesgo en materia de derechos humanos, por lo que le instó a abandonarlo y trabajar para fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Asimismo, destacó que es necesario asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.
En el caso particular del Poder Legislativo, se recomendó entre otras cosas, dar seguimiento a la implementación de las leyes creadas para atender la problemática y asignar el presupuesto necesario para las comisiones de búsqueda del país.
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