La SHCP tiene la responsabilidad de asegurarse que el sector bancario y financiero no sea utilizado para el financiamiento ilícito en el proceso electoral, aseguró Arturo Herrera, titular de la dependencia.
A fin de prevenir y detectar delitos de lavado de dinero durante el proceso electoral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitirá una guía con enfoque electoral financiero para los bancos, casas de bolsa y entidades financieras.
El titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, indicó que en estos comicios están en juego 21 mil 368 cargos públicos de los tres niveles de gobierno, por lo que todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos que sean unas elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley; en lo que concierne particularmente a la dependencia a su cargo, le corresponde reforzar que el sector bancario y financiero no sea utilizado para el financiamiento ilícito de las campañas.
Anunció que la guía será emitida a partir del 1 de marzo, la cual tiene como destinatarios a los bancos, casas de bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y en general al sector financiero, el cual es susceptible de ser utilizado como vehículo para la transferencia de recursos ilícitos.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Arturo Herrera aseguró que la novedad de este instrumento es que tipifica delitos con la finalidad de ser detectados con mayor facilidad, además resaltó que gracias a los avances tecnológicos en estas elecciones será posible hacer búsquedas exhaustivas que permitan identificar de manera precisa algún movimiento que salga de los patrones y pueda ser indicativo del manejo ilícito de recursos.
Resaltó que a través de la guía, y de acuerdo con los riesgos identificados en México, se pretende dotar a los sujetos obligados (las instituciones financieras) de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.
Herrera Gutiérrez explicó que esta guía se integra por dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Así, la guía detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de lavado de dinero durante los procesos electorales. Asimismo, enlista factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.
Destacó que esta guía está elaborada en función de la naturaleza del proceso electoral, como en lo que corresponde al tiempo que la ley marca para que alguna institución financiera reporte una actividad sospechosa a las autoridades hacendarias.
Arturo Herrera dijo que si tradicionalmente un banco detecta alguna actividad inusual, tiene hasta 60 días para procesarlo dentro de sus comités internos y si encontrara o confirmara que existe alguna anomalía, debe entonces reportarlo a la CNBV y esta a su vez a la UIF, lo que no funcionaría en los tiempos electorales.
Ejemplificó que, si existiera algún movimiento ilegal el 10 de abril y la institución financiera se tomara los 60 días para reportarlo a la SCHP, las elecciones ya habrían pasado.
“Con apoyo en la guía, específicamente respecto a las entidades financieras, se exhorta a estas a efecto de que, durante los procesos electorales 2020-2021, el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de lavado de dinero con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral”, recalcó.
La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de la prevención de lavado de dinero para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna. El cumplimiento de dicho propósito permite, a su vez, materializar el principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.
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