Los diputados de los Congresos locales en la República Mexicana, llevan a cabo diferentes prácticas como la invasión de funciones propias del Poder Ejecutivo y asignación discrecional del presupuesto informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con base en la revisión de 64 marcos normativos, 32 cuentas públicas, sitios web de cada entidad federativa y 800 solicitudes de información pública, se llegó a estas afirmaciones, que recogen 4 mil 900 datos verificables.
En la presentación del Informe Legislativo 2018, además de Juan Pardinas, director general del IMCO y sus colaboradores, Ramiro Suárez y Manuel Guadarrama, acudió el diputado local electo en San Luis Potosí, Pedro César Carrizales conocido como “El Mijis”.
El IMCO, encontró que 25 Congresos estatales, erogaron mil 915 millones en “ayudas sociales”, cuando esto no se encuentra dentro de sus facultades, y más aún sólo la Asamblea Legislativa de la capital del país en conjunto con el Congreso del Estado de México ejercieron 576 millones en ese rubro. Un diputado a la Asamblea Legislativa recibe 100 mil pesos por ayuda para el día del niño y día de la madre, se informó.
En lo que respecta al tema de los recursos que los congresos cuestan a los ciudadanos, el caso más grave, es el de la propia Asamblea Legislativa, que con 66 diputados locales, utiliza dos veces el presupuesto del Congreso Nacional de España (Congreso de los Diputados), que tiene un total de 350 de legisladores.
El presupuesto que ejerce la Asamblea Legislativa, es de 266.8 millones de dólares, contra 129 del Congreso español, lo que implica que el gasto por legislador en la Ciudad de México es de 4 millones de dólares anuales, en tanto que por cada diputado español, se requiere de 0.37 millones de dólares.
Además, para el ejercicio del año en curso, el presupuesto de la Asamblea local se elevó un 24%, basta decir que en el órgano legislativo español, no hubo incremento entre 2017 y 2018. En el mismo tenor dicha Asamblea es más cara que nueve legislaturas locales españolas, que incluirían a Madrid, Cataluña y Castilla, entre otras.
Se analizó también por el Instituto, en su Informe Legislativo 2018, la mala planeación del gasto, rubro en el que encontró que en siete legislaturas locales, el costo por diputado local, es mayor a uno federal. Lo anterior ocurre en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Jalisco.
Con los datos obtenidos en el estudio, también se corroboró que el presupuesto más bajo por diputado, se halla en Puebla, y el rendimiento general de sus legisladores no es menor al de otras legislaturas. Si los demás congresos se ajustaran a este modelo, habría un ahorro de más de 10 mil millones de pesos anuales.
Una práctica descrita también en el Informe es lo irrelevante de los presupuestos fijados para los congresos. En 2017, 27 legislaturas gastaron mil 340 millones de pesos más de lo que el presupuesto les tenia asignado.
Oaxaca ejerció en aquel año, 342 millones de pesos más de lo presupuestado, un monto mayor que el que se destinó como Fondo para la reconstrucción en el estado, uno de los más dañados por los sismos de septiembre de 2017, gastando 86 por ciento más de lo asignado.
Durante la investigación se detectó que el Congreso del Estado de México otorga recursos para poder llevar a cabo acciones de desarrollo social, que no les corresponden por ley, pero sí al Poder Ejecutivo.
También se señaló que el Congreso de Michoacán no desglosa el monto asignado a la Auditoría Superior de Estado, y se enfatizó que el órgano legislativo en Durango no respondió ninguna de las solicitudes de información formuladas.
En el informe se incluyó que algunas propuestas del partido Morena sobre austeridad deben discutirse a nivel nacional y se enfatizó la necesidad de la profesionalización en el personal de los congresos.
Por otro lado se expresó que aún con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, que implica que la normatividad de poder legislativo en la capital cambiará, Juan Pardinas, señaló que más que el mero cambio legal, lo que se necesita es más presión social y de los medios de comunicación para limitar esa tendencia de gasto en la todavía Asamblea Legislativa.
Por su parte Pedro Carrizales, “El Mijis”, detalló que pretende reducir su sueldo a la mitad y esa parte darla a organizaciones sociales, además indicó que no tendrá una oficina de enlace legislativo y en cambio tendría un contacto itinerante con la gente yendo a las comunidades.
