Organizaciones empresariales y de la sociedad civil hicieron un llamado urgente a los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que en la repartición de curules en la Cámara de Diputados interpreten adecuadamente la Constitución y eviten así una sobrerrepresentación excesiva.
A través de una carta publicada en redes sociales firmada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, México Evalúa y Mexicanos por México refirieron a las autoridades electorales que “la decisión que ustedes tomen en la asignación de las diputaciones marcará el rumbo del país y puede abrir la puerta a un cambio de régimen político por parte de una mayoría que, si bien ganó los comicios, no tuvo un cheque en blanco en la votación para la integración de la Cámara de Diputados”.
Los organismos firmantes recordaron que la representación proporcional, consagrada en el artículo 54 constitucional, “ha sido fundamental para garantizar la equidad, la pluralidad y los derechos de las minorías en la representación política de México, permitiendo que nuestra nación evolucione hacia una democracia más inclusiva, plural y justa”.
“La democracia es el fundamento de nuestra sociedad y protege derechos esenciales como la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de decidir y la libertad de educar. Si un solo partido controla tanto la Presidencia de la República como el Congreso mediante una sobrerrepresentación excesiva que perjudica a las minorías y subvalora sus votos, se comprometen estos derechos y se alienta la concentración del poder, limitando el equilibrio y el contrapeso necesarios en un Estado de Derecho”, externaron.
Argumentaron que la Constitución establece dos limitaciones esenciales: ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al ocho por ciento ni contar con más de 300 diputados en total. Estas limitaciones del artículo 54, consideraron, son aplicables tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales, garantizando así una representación justa y equilibrada en el Congreso.
En su mensaje a las autoridades electorales, los organismos firmantes indicaron que respaldaban y se sumaban a las voces de especialistas en derecho, y les solicitaron que “realicen una interpretación jurídica, histórica, teleológica, garantista y sistemática del artículo 54 constitucional que conduzca a una integración del Congreso Federal que refleje la pluralidad de la ciudadanía mexicana, respete los derechos de las minorías políticas y evite la sobrerrepresentación de la coalición mayoritaria”.
Subrayó que “es crucial que las autoridades electorales revisen la Constitución en su conjunto y no solo una palabra o un artículo. Una interpretación adecuada evitará regresiones a épocas en las que el control de un solo partido impedía la suficiente representación de la oposición y, por lo tanto, reducía y afectaba la vida democrática en nuestro país”.
Los organismos empresariales y civiles, externaron que, “si el INE considera a una coalición como una unidad política única para limitar los gastos de campaña, es lógico y coherente que esta misma consideración se aplique en otros aspectos del proceso electoral, como la asignación de curules y así evitar la sobrerrepresentación”.
La Constitución no debe ser interpretada de manera restrictiva, aplicando el ocho por ciento de sobrerrepresentación a cada partido individualmente dentro de la coalición. En cambio, debe respetarse el máximo de 300 diputados y el límite del ocho por ciento de sobrerrepresentación para la coalición en su conjunto, resaltaron.
Insistieron en que aplicar de manera literal y aislada el artículo 54 constitucional, que señala que a ningún “partido” se le podrá asignar una sobrerrepresentación “que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”, significa que Morena y sus aliados tendrían un diputado por cada 80 mil votos a su favor, mientras que en el caso de la oposición sería un diputado por cada 200 mil votos.
Asignar a una coalición que obtuvo el 54 por ciento de los votos el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, mientras se demerita a la oposición que obtuvo el resto de los votos con sólo el 25 por ciento de los asientos, va en contra de la voluntad de la ciudadanía que votó por un Congreso con equilibrios.
Observaron que esta situación dejaría sin oportunidad a la oposición de presentar controversias constitucionales que requieren el 33 por ciento de los votos. Con ello, la coalición en el poder puede aprobar, sin ninguna restricción, reformas constitucionales que pueden ir en contra de los otros poderes del Estado, como es el caso de la autonomía del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos y las autoridades electorales.
Finalmente, aseguraron que el Congreso debía reflejar auténticamente la riqueza y pluralidad de México y no premiar desproporcionadamente al ganador de la contienda, por lo que les reiteraron el llamado urgente para que actúen con responsabilidad y compromiso en la defensa de la democracia, la justicia electoral, las libertades y los derechos humanos de los mexicanos.
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