El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades mexicanas a acatar de manera expedita la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Volker Türk afirmó que es fundamental garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional, “en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos”.
En 2019, el gobierno de México eliminó a la Policía Federal y creó la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), que rigió sus operaciones hasta que el jefe del Ejecutivo promovió una reforma para traspasar el control a la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre de 2022.
Sin embargo, el martes de esta semana la Suprema Corte declaró inconstitucional dicho traspaso del cuerpo de seguridad a las Fuerzas Armadas y subrayó la importancia de respetar la independencia y la separación de poderes, así como la existencia de contrapesos institucionales.
La decisión de la Corte inconformó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para que mantenga como comandante de esta corporación al general en retiro David Córdova Campos.
Además, anunció que el 1 de septiembre de 2024, durante el primer día de la nueva Legislatura, presentará una nueva iniciativa preferente para llevar a cabo una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército.
ONU atenta
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que espera que la decisión de la Corte dé lugar a un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y resulte en la limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Volker Türk destacó que desde 2006, México ha ido militarizando sus fuerzas de seguridad, provocando un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los soldados.
Recordó que tanto la dependencia a su cargo como otros organismos internacionales de derechos humanos han pedido reiteradamente a México devolver la seguridad pública a las instituciones civiles.
“Las Fuerzas Armadas sólo deben ser desplegadas en tareas de seguridad temporalmente, en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, recalcó.
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