La falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido revela que tanto el gasto público como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no trascienden el discurso político del presidente.
A pesar de que la incidencia delictiva y la violencia son algunos de los principales problemas que afectan a los mexicanos, el gasto público en seguridad asignado por el gobierno federal es insuficiente que requiere un incremento de al menos 50 por ciento de lo asignado actualmente, pero al mismo tiempo se necesita diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) coherente, de lo contrario carecería de algún impacto positivo, advirtió Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar el estudio “Gasto público en seguridad 2019-2021” que el ONC elaboró conjuntamente con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Rivas Rodríguez aseguró que el gasto público en seguridad previsto y asignado en la actual administración federal mantiene la misma inercia que en gobiernos anteriores, lo que significa que se continúa privilegiando un enfoque reactivo y no preventivo, pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se enfatiza como eje conductor la prevención del delito.
Uno de los hallazgos del análisis, destacó, muestra que el gasto público en lo que corresponde a prevención del delito, disminuyó 0.20 por ciento del PIB en 2019 a 0.18 por ciento en 2021. Mientras que el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó de 0.55 por ciento del PIB en 2019 a 0.56 por ciento en 2021.
Estas cifras indican la “falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido y revela que tanto el gasto público como la ENSP no trascienden el discurso político del presidente”, afirmó Rivas Rodríguez.
Asimismo, señaló que el estudio permite observar que en los últimos ejercicios fiscales se registró un menor control del gasto público en materia de seguridad. Prueba de ello es que en 2019 el gasto ejercido superó en 36 mil 531 millones de pesos al aprobado. Ello se debe a que se ejercieron 35 mil 511 millones de pesos más en el Ramo 7 Defensa Nacional y mil 427 millones adicionales en el Ramo 13 Marina.
Añadió que este menor control del gasto público contrasta con el recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y advirtió que con esa decisión presupuestal ponía en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75 por ciento de los delitos de alto impacto.
Por otra parte, el director del ONC afirmó que los legisladores fueron irresponsables al aprobar el recorte presupuestal el año pasado y mencionó que debido a ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer la centralización de recursos en la federación y la militarización de la seguridad pública.
Por otra parte, destacó que los recursos destinados a la operación de la Guardia Nacional aumentaron de tres mil 974 a 35 mil 672 millones de pesos de 2020 a 2021, la mayor parte de los cuales se destinarán a la construcción de cuarteles y no a mejorar capacidades y desempeño de los elementos que componen esta corporación.
Francisco Rivas aseguró que las instituciones de seguridad y justicia siguen siendo las menos confiables para los ciudadanos, toda vez que no solamente el 80 por ciento de los mexicanos se siente inseguro sino que además la violencia sigue incrementándose, “seguimos con propuestas cada vez más acotadas, que no revelan la existencia de una verdadera estrategia de seguridad. Además de que estas carecen de congruencia entre prioridades expresadas y recursos destinados”, afirmó.
El director de la ONC señaló que a la fecha no se ha publicado la evaluación de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional lo que impide saber los resultados de la institución. En consecuencia, consideró que esto puede generar falsas expectativas sobre su efectividad y gestión interna.
Por último, Rivas Rodríguez consideró que existe el riesgo de que se intente reducir en 2022 el monto destinado a seguridad a raíz de la crisis económica y de la aparente disminución de la incidencia delictiva. No obstante, advirtió que dado que no se cuenta con los programas específicos derivados del Programa Sectorial de Seguridad Pública o los respectivos indicadores, las autoridades carecen de elementos para argumentar la suficiencia de resultados.
Te puede interesar: Violencia en el país está en estado crítico por incoherencias políticas: ONC
