Para evitar mal manejo de recursos o un uso discrecional o político en los programas sociales, es indispensable que sólo a los que cuenten con reglas de operación se les asignen recursos.
Organizaciones de la Sociedad Civil pidieron a los diputados que los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población contemplados en Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 estén obligatoriamente sujetos a reglas de operación, a fin de garantizar que los recursos destinados a los mismos sean ejercidos por el gobierno de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada.
En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, enviada por México Evalúa, diversos organismos lamentaron que la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentada por el Ejecutivo prevea gastar 64 por ciento (402 mil millones de pesos) en programas que no requieren de dichas reglas.
Asimismo, calificaron como un retroceso que se proyecte un incremento del gasto de programas carentes de reglas de operación, gasto que, aseguraron, es mayor que el destinado durante la pasada administración. Además, se inconformaron porque aseguraron que “se eliminó del decreto el texto que le daba a la Cámara de Diputados la atribución de dar una opinión sobre las ROP de los programas sujetos a tenerlas”.
México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de México Unido contra la Delincuencia, aseguraron que sin reglas de operación es imposible garantizar un trato justo y no discriminatorio a los beneficiarios de los programas sociales, y recalcaron que “un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social”.
Recordaron que el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que sólo los programas que cuentan con reglas de operación deben llevar a cabo una evaluación de sus resultados, que es la única forma de saber si el programa está logrando sus metas o no.
La misiva señala que actualmente el país atraviesa por una complicada situación económica y que las autoridades enfrentan grandes desafíos que se han acrecentado debido al pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, obligaciones con las cuales deben cumplir a pesar de contar con “limitados ingresos públicos”.
Aunado a ello, se suma la necesidad de garantizar que no se incurra en actos de corrupción, en relación con el uso de los recursos públicos, por lo que aseguraron que “la transparencia, la rendición de cuentas, la auditoría y la corroboración del desempeño son prácticas que pueden contribuir a ello”.
Las organizaciones de la sociedad civil, a través de México Evalúa, que hicieron llegar al diputado Alfonso Ramírez Cuellar la carta, enviaron una copia al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.
En la ruta hacia la aprobación del paquete presupuestal del ejercicio fiscal del próximo año, los diputados pertenecientes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública iniciaron el análisis de la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que envió el Ejecutivo, y después de aprobarlo será enviado al Pleno donde finalmente será discutido y aprobado.
El artículo 74 de la Constitución, en su párrafo IV, señala que es facultad de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”.
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