La Coparmex exhortó a la ciudadanía a participar en la consulta pública de la Conamer y externar su opinión sobre las consecuencias negativas que conlleva la #NOM237 para los colegios privados.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, exhortó a la ciudadanía a participar en la consulta pública de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y externar su opinión sobre las consecuencias negativas que se ocasionarían al imponer una sobrerregulación a los colegios privados a través de la NOM 237.
Destacó que el periodo en el que la ciudadanía puede opinar ante el organismo regulador concluye el lunes 15 de noviembre, por lo que urgió a aprovechar esta oportunidad para manifestar a las autoridades sus inconformidades y con ello se frene la aprobación de esta normatividad.
En el webinar “NOM 237 ¿Golpe a la educación de nuestros niños?, organizado por la Coparmex y que contó con la participación de más de 400 personas entre quienes se encontraban representantes de organizaciones educativas y de padres de familia, el presidente de la Comisión de Educación del sindicato patronal, José Antonio Esquivias, calificó como un golpe a la educación de la niñez y juventud.
Por su parte, María Rebeca Félix, abogada general de Coparmex, aclaró que la educación se considera un servicio público, sujeto a la rectoría del Estado y “no se refiere a un acto mercantil, como pretende formalizar la norma”, por lo que está rebasando su competencia, ya que “el servicio educativo no puede equipararse a un acto comercial.
En otro evento, en el que se contó con la presencia de integrantes de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); la Alianza para la Educación Superior (ALPES); la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI); la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP); la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM) y Educación con Rumbo (ECR) coincidieron en señalar los inconvenientes que traería consigo la aprobación de la NOM 237.
Los representantes de las escuelas privadas sostuvieron que la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución, en el apartado de garantías individuales, y no es una actividad comercial aunque se imparta en colegios particulares, por lo que una sobrerregulación menoscabaría a la sociedad y afectaría a la economía al ocasionar el cierre de escuelas, pérdidas de empleos y corrupción y se afectaría gravemente a niños y jóvenes quienes quedarían sin oportunidades de recibir educación formal.
Ludwig Johannsen de la ACOMM señaló que “el artículo 146 de la Ley General de Educación, así como en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública se definen al servicio educativo como un servicio público”, por lo cual el proyecto de NOM 237 queda sin materia para convertirse en una regulación más de las muchas que ya tiene el sector educativo.
Los representantes de los colegios particulares aseguraron que no pretenden dejar de ser regulados por las autoridades ni incumplir con las obligaciones que les corresponden; sin embargo, aclararon que los servicios educativos ya están regulados por la Ley General de Educación (LGE) y su funcionamiento es atendido por el sector que corresponde en el Ejecutivo Federal o Estatal, que son las secretarías de Educación o instancias que cumplen con esa función.
Subrayaron que la injerencia de la Secretaría de Economía en la regulación de las escuelas privadas es inapropiada e invade la función regulatoria de la Secretaría de Educación. Sostuvieron que la pretensión de definir a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), donde se gestó el proyecto de norma, cuando en el artículo 75 del Código de Comercio no contempla a los servicios educativos como un acto de comercio, “no sólo muestra la inexistencia de materia para generar una norma de tal envergadura, sino también pasa por alto que en los servicios educativos no existe especulación comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son actos masivos”.
Norma Leticia León Montelongo, de la FEPEM, y María del Pilar Martínez Aragón, de la ANEPPI, agregaron que con el cierre de cerca de 18 mil escuelas, se quedarían sin trabajo más de 630 mil prestadores de los servicios educativos; a esto se sumarían el incremento en las tarifas escolares para que los colegios puedan cubrir los gastos de la certificación y los demás trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Alejandra Carmona, consejera de Educación con Rumbo, recordó que en el proyecto NOM 237 no existe la mínima evidencia de cumplir con los principios de Mejora Regulatoria y, por el contrario, implicará mayor regulación e inconmensurables costos económicos y sociales, y más que beneficios, acarreará graves perjuicios para la sociedad, los colegios y sus comunidades, porque muchos deberán cerrar sus puertas al quedar imposibilitados de pagar los costos de las certificaciones que tendrán.
Finalmente, los representantes de las escuelas particulares realizaron un llamado no sólo a las escuelas, sino también a las organizaciones de padres de familia y ciudadanos en general a participar con sus comentarios al proyecto de NORMA 237 que se encuentra vigente hasta el 15 de noviembre en la Conamer, para evitar un golpe a la educación de calidad que se imparte en los colegios particulares.
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