La Coparmex pidió a los poderes Legislativo y Ejecutivo ampliar los plazos al sector privado para inscribir a sus empleados bajo el nuevo esquema de subcontratación y así evitar que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo.
A menos de dos semanas de cumplirse la fecha límite para que las empresas privadas inscriban a sus trabajadores bajo el nuevo esquema de subcontratación, también conocido como outsourcing, aún faltan por registrarse 387 mil 500, esto a consecuencia de que los plazos para cumplir con diversas obligaciones que marca la nueva normatividad son limitados para el sector privado mientras que para las entidades del gobierno vence el último día de diciembre de este año.
Ante esta situación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo para ampliar los plazos al sector privado para que cubra los requisitos que obliga la ley, y con ello evitar que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión, ya que esta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Acorde a los artículos transitorios de la reforma, se establecieron ciertos plazos específicos e improrrogables con la finalidad de que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones. El 24 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan el Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas que deseen obtener la Constancia de Aviso de Registro ante la plataforma conocida como “REPSE”, quienes necesariamente deben de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social a la fecha en que se realice la solicitud.
El organismo patronal externó que el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, lo que calificó como un “trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno” a las cuales se les estableció como plazo al 1 de enero de 2022.
Destacó que frente a la imposibilidad que muchas empresas han tenido para cumplir con los tiempos señalados por la normatividad, algunas han interpuesto amparos ante el Poder Judicial de la Federación, el cual les ha concedido suspensiones provisionales al considerar que la disposición de que la ley entre en vigor en momentos distintos para las empresas privadas y las entidades del gobierno violan los artículos 1 y 4 Constitucionales.
El sindicato patronal enumeró una serie de problemáticas que se han presentado ante la entrada en vigor del padrón público:
1. Falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.
2. Si bien es cierto que se han emitido resoluciones de carácter temporal, como lo es el caso de Infonavit, con la finalidad de no obstaculizar el proceso de registro e inclusive brindando la posibilidad al solicitante para que dentro del plazo de 60 días pueda regularizar sus adeudos, esto ha provocado un retraso significativo para que las empresas obtengan su constancia en tiempo y forma.
3. No se distinguen aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo.
4. No han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad.
La Coparmex, que encabeza José Medina Mora Icaza, afirmó que “las empresas queremos cumplir con nuestras obligaciones legales, pero también con nuestra responsabilidad con el bienestar de los trabajadores. Por ello, requerimos de la autoridad sensibilidad y disposición para contar con las condiciones materiales, jurídicas y racionales que nos permitan lograrlo”.
Añadió que la justicia social debe tener como uno de sus pilares la posibilidad de acceder a empleos formales, dignos y bien remunerados, lo que ahora es tan necesario ante el difícil contexto por la pandemia, por lo que reiteró que ampliar y homologar los plazos permitirá contar con la flexibilidad suficiente para que el sector empresarial siga poniendo nuestro granito de arena para salir adelante.
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