La crisis de inseguridad que atraviesa México ha alcanzado niveles alarmantes, afectando profundamente la estabilidad social y económica del país.
Incluso, desde Estados Unidos y Canadá – nuestros mayores socios comerciales – se ha mandado un mensaje de alerta al considerar y llamar a los cárteles del narcotráfico con el término de terroristas. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, incluso ha amenazado con intervenir militarmente si el problema persiste.
Para comprender este suceso de la inseguridad producida por la delincuencia organizada, debemos remontarnos al inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, durante el mandato del expresidente Felipe Calderón. En su sexenio, el exmandatario le declaró la guerra al narcotráfico, lo que significó un alto índice de violencia y homicidios en nuestro país.
Orígenes de la crisis: el infierno que se vive hoy en día
El 12 de diciembre de 2006, el gobierno federal lanzó el “Operativo Conjunto Michoacán”, marcando el comienzo de una estrategia militarizada para combatir al crimen organizado. Esta iniciativa desplegó miles de efectivos militares y policiales en regiones dominadas por cárteles de la droga, con el objetivo de desmantelar sus operaciones. Sin embargo, lejos de reducir la violencia, esta estrategia provocó una escalada en los enfrentamientos y un aumento significativo en el número de homicidios y violaciones a los derechos humanos.
Entre los graves saldos que dejó esta lucha por desmantelar a dichos grupos delictivos, 2 secretarios de gobernación del gabinete de Felipe Calderón perdieron la vida, ambos en accidentes aéreos.
El primero de ellos, Juan Camilo Mouriño, había sido una figura clave en el gabinete del presidente Felipe Calderón, liderando importantes iniciativas contra el narcotráfico y siendo una pieza central en la estrategia de seguridad del país. Falleció el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo. Su avión, un Learjet 45, se estrelló en la Ciudad de México mientras regresaba de una gira de trabajo por San Luis Potosí.
Su sucesor, Francisco Blake Mora, tenía dos encomiendas: coordinar la lucha contra la violencia por la guerra contra el narcotráfico y promover el diálogo gubernamental con todas las fuerzas políticas del país. En sus últimas semanas, Blake Mora fue el encargado de coordinar las operaciones militares y policíacas en tres de los estados con mayor presencia de cárteles, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Finalmente, 3 años después de la muerte de Mouriño, el 11 de noviembre de 2011, el mandatario perdió la vida tras el desplome del helicóptero en el que viajaba, cerca de Chalco.
Causas profundas de la inseguridad
Diversos factores han contribuido al incremento de la inseguridad en México:
- Debilidad institucional: La falta de capacidad y recursos de instituciones de seguridad como lo son la fiscalía, la policía federal o la ahora denominada Guardia Nacional, ha impedido una respuesta efectiva al crimen organizado.
- Corrupción endémica: La infiltración de los cárteles en las estructuras gubernamentales ha facilitado la impunidad y ha debilitado el estado de derecho, como se ha podido entender bajo la narrativa, hechos y declaraciones a su favor en los sexenios gobernados por el partido oficialista, MORENA.
- Desigualdad socioeconómica: La pobreza y la falta de oportunidades han empujado a sectores vulnerables de la población hacia actividades ilícitas y su adoración y agradecimiento hacia el narcotráfico.
- Demanda internacional de drogas: La proximidad a mercados consumidores, especialmente Estados Unidos, ha incentivado la producción y tráfico de estupefacientes, como ahora predomina el fentanilo, tema por el que Trump ha tomado medidas cautelares hacia nuestro país.
Evolución y expansión del problema
Desde 2006, el panorama del narcotráfico en México ha cambiado drásticamente. La fragmentación de cárteles tradicionales ha dado lugar a la formación de nuevas organizaciones, más violentas y con estructuras menos jerárquicas. La lucha por el control territorial se ha intensificado, resultando en enfrentamientos constantes entre grupos rivales y contra las fuerzas de seguridad.
Entre las organizaciones criminales que representan una mayor amenaza destacan dentro de nuestro territorio son:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, este cártel ha expandido su influencia a nivel nacional e internacional, caracterizándose por su violencia extrema y sofisticación operativa. Actualmente, son los más señalados por el descubrimiento del campo de exterminio ubicado en el rancho Izaguirre.
Este grupo delictivo ha provocado voltear el foco hacia ellos, y una de las causas más devastadoras se debe al reclutamiento que llevan a cabo tras la creación de perfiles falsos en Facebook y otras redes sociales, con el objetivo de ofrecer trabajos y privar de su libertad a ciudadanos en busca de encontrar un empleo estable.
- Cártel de Sinaloa: A pesar de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, y su hijo Ovidio Guzmán López en 2021, esta organización mantiene una estructura sólida y continúa siendo un actor clave en el tráfico de drogas. En gran parte se debe a ellos que Sinaloa hoy por hoy sea un Estado con altas tasas de inseguridad y que su población se traslade a otros sitios para vivir. Diario se registran balaceras, homicidios o secuestros en dicho territorio.
Corrupción, impunidad y relación Estado – Crimen
La corrupción ha sido un facilitador clave para el fortalecimiento del crimen organizado. La colusión entre funcionarios públicos y cárteles ha permitido la operación impune de estas organizaciones, socavando la confianza ciudadana en las instituciones. Casos emblemáticos, como la infiltración de cárteles en cuerpos policiales y gobiernos locales, evidencian la profundidad del problema.
La inseguridad ha permeado todos los aspectos de la vida cotidiana en México. La violencia ha desincentivando la inversión extranjera y ha afectado sectores clave como el turismo y el comercio. El miedo y la desconfianza han erosionado la cohesión comunitaria, aumentando la percepción de inseguridad. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia, generando crisis humanitarias en diversas regiones.
A pesar de los esfuerzos, la estrategia gubernamental ha sido objeto de críticas. La continua dependencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ha generado preocupaciones sobre violaciones a derechos humanos y la falta de rendición de cuentas. La ausencia de una estrategia integral y coordinada entre los distintos niveles de gobierno ha limitado la efectividad de las políticas implementadas. La baja tasa de esclarecimiento de delitos y sanción a los responsables ha perpetuado la desconfianza en las instituciones de justicia.
¿Existe una política de seguridad para atender el problema?
A lo largo de los años, se han implementado diversas reformas para enfrentar la crisis de inseguridad. Incluso hasta la fecha, se crítica y se culpa a Felipe Calderon por su estrategia frente al narcotráfico. Si bien marcó un sexenio manchado en sangre y muertes inocentes, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum dejaron que el problema aumentará, y en repetidas ocasiones, integrantes de su partido como el gobernador Rocha, se han visto envuelto en reuniones con figuras de este sector delictivo.
Una de las más polémicas decisiones que el pueblo criticó al ex mandatario López Obrador, se estableció en 2019, en la creación de la Guardia Nacional, que de poco o mucho ha servido en materia de atender la inseguridad. Esta fuerza busca unificar y fortalecer las capacidades de seguridad pública.
Se han promovido cambios para garantizar procesos más transparentes y eficientes, aunque su implementación ha sido desigual. Iniciativas dirigidas a atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de educación, han sido lanzadas con resultados mixtos.
La crisis de inseguridad en México es un problema multifacético que requiere soluciones integrales y sostenibles. Es imperativo que el gobierno adopte un enfoque que combine el fortalecimiento institucional, la lucha frontal contra la corrupción y políticas sociales que aborden las causas subyacentes de la violencia. Solo a través de una estrategia coherente y comprometida será posible restaurar la paz y la confianza en el país.
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