Para revertir la inseguridad en el país, es necesario revertir la militarización y fortalecer las condiciones y capacidades de policías, procuradurías y fiscalías, así como del sistema penitenciario: Causa en Común.
En momentos que la violencia extrema se arraiga en el país, los policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, laboran turnos de 24 horas o más, carecen de sueldos y prestaciones adecuados, no cuentan con equipamiento ni capacitación suficientes y, en algunos casos, deben soportar tratos denigrantes y de violencia al interior de sus corporaciones, revela el informe “La situación de las policías en México 2018-2022” elaborado por la asociación civil Causa en Común.
Además, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López en el país han sido asesinados al menos mil 556 policías o expolicías, un promedio de uno al día, situación que en el último mes se agravó al contabilizarse alrededor de 20 ejecuciones de los uniformados en diversas entidades.
María Elena Morera, presidenta de Causa Común, advirtió que a los guardianes del orden “son víctimas de ataques, de violencia, que atentan contra su integridad y contra sus familias, sin en que la mayoría de los casos las autoridades políticas sientan la más mínima empatía por su actividad de muy alto riesgo”.
Asimismo, afirmó que actualmente la situación de las corporaciones policíacas “es aún peor que la que enfrentaban hace algunos años, más aún cuando el proyecto militarista de este gobierno avanza en detrimento de la seguridad y la protección institucional de los policías del país”.
Frente a esta situación, Morera dijo que se requieren políticas de Estado más allá de los cambios de gobierno que contemplen presupuestos, salarios, equipamiento, profesionalización, derechos laborales y prestaciones de las corporaciones “no queremos seguir reinventándonos cada sexenio”.
Causa en Común insiste en señalar que para revertir la inseguridad en el país es necesario también revertir la militarización y fortalecer las condiciones y capacidades de policías, procuradurías y fiscalías, así como del sistema penitenciario.
De acuerdo a la investigación de la organización de la sociedad civil (osc), los estados que concentran la mayor cantidad de asesinatos son: Guanajuato con 15 por ciento, el Estado de México con ocho por ciento, así como Chihuahua, Michoacán y Veracruz con siete por ciento cada uno”. Estas cinco entidades concentran al menos 651 asesinatos de policías”.
Otras entidades que también destacan por el alto número de policías asesinados son Guerrero, con al menos 95; Zacatecas, con 94; Jalisco, con 87 y Baja California, con al menos 50, destaca el estudio.
Por otra parte, el análisis destaca que de 2018 a 2022 se han presentado 121 paros laborales de policías; 51 emplazamientos a huelga y 78 manifestaciones, siendo las principales demandas: aumento de salario, entrega de equipo y uniformes; seguridad social; respeto a los horarios de trabajo; pago de diversas prestaciones y apoyo a familiares de los elementos caídos en su deber.
En la presentación del informe participaron Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Alexandra Zapata Hojel, investigadora y activista; Martín Carlos Sánchez Bocanegra, presidente de la Red Impulsando la Justicia; Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad del Estado de México.
En su oportunidad, Rodrigo Martínez-Celis aseguró que con respecto al presupuesto para policías no sólo se gasta poco, sino que muchas veces se gasta mal. “Tenemos un andamiaje legal que impide el buen gasto, por ejemplo, en la desincorporación de los bienes, de equipo y patrullas viejas”, refirió.
Otro de los aspectos que abordó fue sobre el uso de la fuerza por parte de los uniformados, la cual señaló que los policías prefieren no utilizarla dado que los mecanismos externos de supervisión provocan “que le tengamos terror a aplicar los protocolos de uso legítimo de la fuerza”.
En su turno, Martín Sánchez Bocanegra dijo que lo que hace la militarización es atrasarnos, además de que hay algunas prácticas militares que no tienen nada que ver con las policías. Es prioritario atender el modelo policial para poder pensar en la prevención del delito.
Revertir el abandono
En su análisis Causa en Común menciona una serie de propuestas encaminadas a revertir el abandono de las policías en México.
Destaca que deben recuperarse los recursos destinados a la seguridad pública estatal y municipal, e incrementarse en términos reales, año con año.
Considera que es necesario llevar a cabo un censo nacional de policías, definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde a su geografía y problemática delictiva, y establecer un plan nacional de reclutamiento.
Asimismo, señala que se requiere crear un organismo nacional constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo policial (incluyendo selección, reclutamiento, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y prestaciones), considerando los estudios y protocolos realizados durante los últimos años, y con mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan periodos políticos y electorales.
Por otro lado, indica que a partir del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, promover las capacidades de investigación y recepción de denuncias por parte de las policías.
Otro de los aspectos que considera es promover instancias regionales que faciliten la coordinación entre federación, estados y municipios, incorporando, cuando se juzgue necesario, mecanismos como el de “mando único”.
Asimismo, asegura que es fundamental que las autoridades trabajen con transparencia y bajo un estricto mecanismo de rendición de cuentas; por ello, se recomienda generar mecanismos de seguimiento, observación y monitoreo del gasto en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.
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