Dar un plazo de un mes a las empresas privadas para cumplir con la ley de subcontratación podría “desbarrancar” la reforma, pues al criminalizar a los patrones se induciría al cierre de fuentes de trabajo, aseguró la diputada perredista Mónica Bautista.
La prórroga de 31 días que otorgaron a las empresas privadas los legisladores para que cumplan las nuevas reglas de subcontratación como lo marca la ley recientemente reformada al respecto, es un plazo “insuficiente para que las más de 387 mil compañías que enfrentan problemas operativos o técnicos logren solventar en tiempo y forma los requerimientos normativos”, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial reiteró que lo deseable para alcanzar una solución definitiva a los inconvenientes detectados en las diferentes dependencias para concluir con los trámites, era homologar el plazo entre las empresas públicas y privadas, toda vez que las primeras tienen hasta el 1 de enero de 2022 para cumplir con la reforma.
Debido a que el plazo vencía el 1 de agosto, los legisladores abrieron un periodo extraordinario, exclusivamente para tratar este tema, en el que a pesar de los llamamientos que la iniciativa privada les hizo para ampliar el periodo para cumplir con lo requerido por la ley tomando en cuenta las dificultades que están implicando cumplir con lo exigido, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron dar una prórroga de 31 días.
Manuel Baldenebro Arredondo del Partido Encuentro Social (PES), en defensa de que la fecha límite sólo se extendiera 31 días para las empresas privadas, argumentó que “mientras más pronto se dé el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social que los empleadores deben de realizar, más certidumbre y protección legal en defensa de los derechos tendrán todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.
Así se estableció que las empresas de la iniciativa privada tendrán hasta el 1 de septiembre para cumplir con las obligaciones de seguridad social con sus trabajadores, inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y migrar al nuevo esquema de contratación en el que será posible la sustitución patronal, sin que sea necesaria la transmisión de los bienes objeto de la empresa.
Legisladores de la oposición consideraron que este periodo es muy corto e insuficiente, entre ellas la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas (PAN), indicó que de abril a la fecha sólo 2.3 millones de trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a ser empleados de las empresas a las que prestaban sus servicios, sin embargo destacó que aún faltan casi el doble.
Mencionó que en el caso del REPSE, existen 70 mil empresas que han ingresado al registro, pero sólo 25 mil 500, que equivale al 30 por ciento, han concretado el trámite, por lo que advirtió a los legisladores que no se sorprendieran “si en menos de un mes nos vemos para discutir nuevamente el tema”.
Por su parte, la diputada Mónica Bautista (PRD) cuestionó la prisa de obligar a las empresas particulares a cumplir con la nueva normatividad y agregó que “dar un solo mes para entonces sancionar a quienes no puedan cumplir no debiera ser la meta del legislador, sino garantizar que las empresas cumplan con obligaciones hacia las y los trabajadores y hacia la Hacienda Pública”.
Añadió que las normas jurídicas buscan regular conductas y que el castigo debiera ser el último recurso y resaltó que “sancionar por sancionar no tiene caso, aunque este gobierno ha sido pródigo en manejarse bajo un esquema de populismo penal”, señaló.
Consideró que si se continúa por esa ruta y sólo se da el plazo de un mes, se podría “desbarrancar” la reforma, pues al criminalizar a los patrones se induciría al cierre de fuentes de trabajo.
En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) dijo que el cuestionario del REPSE pide datos “que ni siquiera el dueño” puede llenar, por lo que los representantes de las empresas se han visto en la necesidad de contratar a despachos, además de que reiteró como otros legisladores, que la plataforma electrónica tiene poca capacidad para subir los documentos exigidos.
Con la reforma mal planteada y peor implementada de MORENA en el tema del outsourcing, más de 3 millones de personas quedan con sus empleos en el aire.
Sería un nuevo récord para el Presidente y su voraz apetito por destruir los empleos del país. pic.twitter.com/6ogulu5iGT
— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 29, 2021
La senadora Kenia López Rabadán (PAN) afirmó que con la reforma mal planteada y peor implementada de Morena en el tema del outsourcing, más de 3 millones de personas quedan con sus empleos en el aire.
Una vez aprobada la extensión del plazo para que las empresas particulares cumplan con lo marcado en la ley de subcontratación, la Coparmex externó un reconocimiento al esfuerzo de los legisladores para extender al 1 de septiembre de 2021 el plazo de implementación y contribuir así a la protección que desde la iniciativa privada hacemos de por lo menos 3.1 millones de empleos vinculados a esquemas de subcontratación, aunque insistió en que la acción es insuficiente.
Asimismo, señaló que el sector empresarial está comprometido con el cumplimiento de la ley, con respetar los derechos humanos y laborales de todos los colaboradores y sus familias y seguiremos trabajando para preservar la estabilidad laboral y económica de los trabajadores y las empresas mexicanas.
Ante las dificultades que muchas empresas están encontrando para cumplir con lo exigido por la ley de subcontratación, la Coparmex se puso a disposición de todas aquellas que requieran apoyo a fin de ofrecerles asesoría.
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