La legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como las bodas entre personas del mismo sexo, perdieron la batalla en Puebla.
En Puebla, el Congreso local votó contra la idea de avalar la legalidad del aborto hasta las 12 semanas de fecundación, el único cambio en este tema fue la reducción del tiempo de prisión, con el que se castiga este delito en la entidad, que ya no será de cinco años como se estipulaba, sino que la privación de la libertad durará de seis meses a un año como máximo.
En cuanto a la intención de reconocer uniones legales entre personas del mismo sexo, también fue rechazada por el Pleno del Congreso, que permitió únicamente suprimir la frase “para perpetuar la especie” al artículo 294 del Código Civil de Puebla, por lo que la redacción del mismo ahora indica que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia”.
El 25 de septiembre el gobernador poblano, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, envió al Congreso local un paquete de iniciativas en el que incluyó propuestas de reformas con respecto al aborto y la legalización de “matrimonios” homosexuales.
En lo referente a la interrupción de la vida antes de nacer, el Ejecutivo poblano propuso modificar el artículo 342 del Código Penal de Puebla a fin de modificar para desaparecer del texto las agravantes que contenía sobre tener mala fama, que el embarazo se hubiera logrado ocultar y que éste no fuera fruto del matrimonio.
Los diputados aceptaron dicha propuesta, la cual aprobaron sin ningún cambio, por lo que ahora la redacción de la ley sólo indica que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Abortistas enfurecidas
El 8 de agosto, el gobernador Barbosa firmó un decreto para iniciar un procedimiento legal para la preliberación o indulto de mujeres encarceladas por abortar. “No seré un gobernador que ponga a su pueblo en choque, vamos a ser cuidadosos en todos estos temas”, indicó en aquel entonces al participar en el conversatorio “Avances y retos en la consolidación del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia de las mujeres en Puebla”, ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El 25 de septiembre, en Sesión Pública Ordinaria del Congreso del Estado, se dio a conocer el paquete de reformas enviado por Barbosa que tenían como finalidad cumplir con las condiciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, decretada para 50 municipios de Puebla en 2018.
Grupos proaborto y colectivos lésbico-gay, a través de una carta que hicieron pública en de redes sociales, mostraron su desacuerdo con las propuestas del gobernador, entre las que destacaron:
“Falta de armonización con un leguaje incluyente en el cuerpo de la propuesta.
“Se mantiene el apartado que da espacio a procesos de mediación entre mujeres y agresores, desaprovechando la oportunidad de erradicar esa práctica, que en nuestro contexto representa una excusa para que en la impartición de justicia se vulnere a las mujeres y se promuevan acuerdos que atentan contra sus derechos humanos.
“Se mantiene la consideración de que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen…”, contraviniendo de esta manera la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la invalidez de los artículos 294, 297 y 300, en el sentido de entenderse que la ley de cualquier entidad que defina al matrimonio como aquel que se celebre entre un hobre y una mujer, es inconstitucional y discriminatoria”.
En torno a este último punto, José Juan Espinosa Torres y Rocío García Olmedo, diputados del PT y PRI, respectivamente, afirmaron que se trata de un desacato a una instrucción de la SCJN, por lo que la decisión abre la puerta a una acción de inconstitucionalidad.
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