La suspensión indefinida de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica obliga al ejecutivo a acatar el mandato judicial, pero también debe replantear su propuesta con base en argumentos técnicos y sustentables, indicó la Coparmex.
Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se pronunció porque en México se respete la independencia de la toma de decisiones de los jueces.
Al mismo tiempo, aseguró que el juez Juan Pablo Gómez Fierro no debe ser investigado por los fallos judiciales hechos sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que le han valido críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y celebró el anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en ese sentido.
#México: Todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo al Ejecutivo.
El #Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales.— Diego García-Sayán (@UNIndepJudges) March 22, 2021
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también aplaudió la determinación e independencia con la que el poder judicial ha actuado y calificó de congruente su actuación al emitir una suspensión indefinida a la LIE, por considerar que esta afecta la libre competencia y la libre concurrencia, así como por producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente.
Ante la posibilidad de que el poder Ejecutivo interponga un recurso de queja a esta determinación, el organismo empresarial exigió que se respete la resolución dictada por el juez y la autonomía de los poderes, “sin amagos ni presiones por parte de otro poder”.
El sindicato empresarial destacó que la suspensión indefinida a la puesta en marcha de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ordenada por un juez federal, no sólo obliga al ejecutivo a acatar el mandato judicial, sino a replantear su propuesta con base en argumentos técnicos y sustentables que privilegien el cuidado del medio ambiente, la generación de energías limpias, se respete el derecho a la salud de los mexicanos y se cumpla con el compromiso de ofrecer precios más accesibles a los consumidores.
Asimismo, consideró que el centro de la discusión debe dejar de ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en su lugar deben serlo los consumidores.
El sindicato empresarial insistió en que el ejecutivo debe considerar cambios a su propuesta de reforma a la LIE, pues de mantenerse como originalmente la envió al legislativo, el cual la aprobó sin modificación alguna, “se estaría condenando a México a sufrir un retroceso de más de 30 años en materia energética, lo que acarrearía daños irreparables a la economía, a la salud y al medio ambiente”.
La Coparmex afirmó que el país requiere una ley que fortalezca la libre concurrencia y la libre competencia en el mercado de energía recién abierto en México y ante la urgente necesidad de acelerar la recuperación económica y de empleos, precisamos de una ley que facilite la inversión nacional y extranjera y que contribuya a la modernización de la Comisión Federal de Electricidad, objetivo que sólo se podrá lograr si existe la disposición gubernamental para instituir mecanismos que permitan la cooperación público-privada.
“Requerimos soluciones que estén basadas en razonamientos técnicos, no políticos ni ideológicos”, recalcó.
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