La subcontratación interna permite a las empresas de un mismo grupo económico centrarse en sus tareas operativas y funciones fundamentales, aseguró Claudia Jañez, presidenta de la CEEG.
Empresas multinacionales podrían reubicar parte de sus operaciones a otros países de concretarse la prohibición de la subcontratación y no fijarse un tope al reparto de utilidades, advirtió Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).
Al participar en las mesas de diálogo respecto a los posibles efectos o distorsiones en el reparto de utilidades organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Jañez Sánchez destacó que en un contexto mundial de recesión y de falta de liquidez las empresas globales están haciendo una evaluación profunda de cuál es el costo total del empleo en los países que operan.
A ese respecto, previó que de incluirse una rigidez excesiva, como la pretendida en los mecanismos de subcontratación, adicionado a pagos exorbitantes por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU), “no solo podrían comprometer nuestros planes de inversión y reinversión en México, que proyectamos a cinco y 10 años, sino también afectar en la toma de decisiones difíciles de negocio, como reubicar parte de nuestras operaciones en otros países”.
En lo que se refiera a la propuesta sobre el reparto de utilidades hecha por el gobierno federal, dijo que esta podría comprometer los planes de inversión y reinversión de cinco y 10 años en adelante.
La representante del CEEG puso sobre la mesa algunos temas que indicó se deben considerar en la discusión seria de la participación de utilidades a fin de impedir la destrucción de valor.
Señaló que debe establecerse un límite justo para el trabajador y para la empresa al reparto de utilidades a través de un escalonamiento ligado a los ingresos para que sea redistributivo y beneficie más a los trabajadores de menores salarios.
Pidió que la nueva iniciativa presidencial sobre la prohibición de la subcontratación y su respectiva discusión en el Congreso de la Unión considere también una reforma legal al reparto de utilidades a fin de que esta no se presente o discuta después. “Debe haber una discusión integral y realizarse en el mismo acto legislativo para que dé certeza al sector patronal”, recalcó.
Por otra parte, dijo que debe excluirse expresamente de la base a considerar para el pago del PTU todas aquellas ganancias de las empresas que no estén relacionadas de forma alguna con el trabajo y la productividad de los colaboradores, por ejemplo: ingresos derivados de la venta de activos fijos, regalías, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados y estímulos fiscales.
En cuanto a los servicios que se contratan entre empresas del grupo o bien servicios especializados que se prestan a diversas empresas del grupo, deben ser expresamente permitidos en la ley para que no se pongan en riesgo con alguna interpretación administrativa o judicial.
Claudia Jañez afirmó que esos esquemas de contratación especializada brindan flexibilidad, agilidad, eficiencia, calidad y adaptabilidad además que ayudan a aprovechar el talento de diversos equipos para varias empresas del mismo grupo económico, con lo que se evita la duplicidad de estructuras en cada una de ellas.
Resaltó que este esquema de subcontratación interna permite a las empresas de un mismo grupo económico centrarse en sus tareas operativas y funciones fundamentales, alcanzando el máximo rendimiento y producción, incluso cuando hay fluctuaciones estacionales o inusuales en los ciclos de actividad económica.
Por otra parte, solicitó que el plazo de entrada en vigor de las reglas que se establezcan no sea inmediato, toda vez que no se puede cambiar de un semestre a otro los planes de inversión y reinversión que se tenían contemplados para todo un año.
Jañez también se refirió a que los bonos ligados a la productividad de cada trabajador se otorguen bajo escalas de evaluación de desempeño, de conformidad con las metas alcanzadas conjuntamente por trabajadores y empresas. “Dichos bonos tendrían que disminuirse notoriamente para poder repartir las utilidades de manera generalizada”, señaló. Como ejemplo mencionó al sector minero en donde los bonos pueden llegar hasta seis meses de salario del trabajador y dicho incentivo no podría seguirse dando si se decide un reparto de utilidades sin un límite justo.
Algunas de las empresas que conforman el CEEG son Bayer, Schneider Electric, Bosh, Microsoft, PepsiCo, Visa, Movistar, Toyota y Basf, entre otras.
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