En México, seis de cada 10 empresas estadounidenses instaladas en el país han sido afectadas por la delincuencia, tanto común como organizada, siendo los principales delitos que afectan sus operaciones diarias el asalto o robo con violencia a sus empleados (52 por ciento), ataques al transporte de la cadena de suministro (49 por ciento) y extorsión virtual (45 por ciento), debido a ello parte de su inversión la destinan al rubro de seguridad, que significa un costo operativo adicional.
Así lo revela el Décimo Sondeo de Seguridad Empresarial 2024, de la American Chamber Mexico (Amcham), al resaltar que 58 por ciento de las empresas invierten entre dos y 10 por ciento de su presupuesto anual en temas de seguridad, mientras que sólo cuatro por ciento de ellas invierte más del 10 por ciento. Estas cifras reflejaron una mejora en comparación de los dos años anteriores cuando el 62 por ciento invertía entre dos y 10 por ciento de su presupuesto anual en seguridad y ocho por ciento más del 10 por ciento. Sin embargo, solo el cuatro por ciento de las empresas aseguran que, en términos absolutos, su presupuesto en seguridad disminuyó en comparación con el Sondeo realizado un año antes cuando se reportó que 52 por ciento se mantuvo y 44 por ciento aumentó.
El ejercicio llevado a cabo por la AmCham destaca que la “crisis (de seguridad), que lleva más de 24 años gestándose, no se va a resolver en 15 días ni por la parte privada ni por la parte pública. Por un lado, las empresas deben tener una relación robusta con el gobierno, y ahí es donde entran las cámaras. Y desde lo público hay una falta de políticas de seguridad, de una política criminal integral, producto de una visión no técnica del crimen”.
Otros hallazgos encontrados en el sondeo muestran que el 12 por ciento de las empresas estadounidenses que hay en México consideran que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y/o precios de sus productos.
Un tema que también es de gran preocupación para el sector empresarial norteamericano es el del Estado de Derecho, pues ocho de cada 10 encuestados respondieron que perciben que el Estado de Derecho se hace valer poco o nada en el país, mientras que el 85 por ciento (un aumento de nueve puntos porcentuales con respecto al Sondeo anterior) aseguraron que la ilegalidad está afectando a sus empresas.
Además, la encuesta mostró que hay una percepción negativa generalizada sobre la aplicación de las leyes en México y la actuación de las autoridades. El 81 por ciento coinciden en que hay muy poca o nula coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de la seguridad.
Uno de los datos destacados en el reporte es el dado a conocer por el Institute for Economics and Peace (IEP), relatico al impacto económico de la violencia en México en 2023 el cual aseguró que fue de 4.9 billones de pesos (19.8 por ciento del Producto Interno Bruto).
La cámara comercial considera que esta información, que provienen de fuentes tanto nacionales e internacionales, “hacen evidente la necesidad de políticas públicas efectivas y suficientes”.
Asimismo, subrayó la necesidad de cooperar entre la Iniciativa Privada y las distintas instancias de las autoridades gubernamentales.
“En la experiencia de AMCHAM, la cooperación entre todos los niveles de gobierno y con el sector privado se traduce en fortalecimiento institucional, combate eficaz contra la delincuencia y la impunidad para garantizar un verdadero Estado de Derecho”, recalcó.
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