“Ante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, en México Evalúa estamos convencidos de que, aunque lenta, la tarea de crear un Estado eficaz es ineludible. No podemos imaginarnos un cambio estructural de mayor envergadura y relevancia”.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México está rodeada de expectativas. Pero el camino no será fácil y el nuevo gobierno tiene ante sí grandes desafíos, entre ellos está atender la falta de capacidades y el deficiente diseño institucional que priva en algunos ámbitos de la administración pública, tanto federal como local.
Así lo señaló la asociación México Evalúa el pasado martes 4 de diciembre en evento realizado en la Cámara de Diputados. Durante el evento analizaron ocho problemas públicos que consideraron prioritarios para la agenda de trabajo de la nueva administración y que recopilan en el libro: “Léase si quiere gobernar (en serio)”.
En este documento, la institución expone problemas públicos, detalla sus causas, revisa cómo se han abordado hasta la fecha y presenta propuestas para resolverlos.
“El gobierno saliente deja sin resolver la consolidación del Estado de derecho, indispensable para devolver a los ciudadanos paz y certidumbre sobre el futuro. El reto de la administración que inicia no sólo es atender la emergencia, sino fortalecer a las instituciones. Hoy presentamos estas recomendaciones con la convicción de que, de implementarse, México podría dar el salto que tanto hemos esperado”, señaló Edna Jaime, directora de México Evalúa.
En la presentación se expuso que el fracaso de la estrategia de seguridad se debe a su enfoque reactivo, centralizado y militar. De enero a octubre de 2018, hubo 28 520 víctimas de homicidio en nuestro país. Si la tendencia se mantiene, afirman que finalizará el año con el nuevo récord histórico de 35 054 homicidios dolosos. Éste será el punto de partida del próximo secretario de Seguridad Pública.
David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la institución, señaló que “es necesario diseñar la estrategia de seguridad pública desde lo local, fortalecer las condiciones y capacidades de las policías municipales, en vez de apostar por la intervención de las fuerzas militares para resguardar la seguridad”.
Uno de los mayores retos del proceso de implementación de la reforma penal ha sido la debilidad de las instituciones de procuración de justicia. Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, durante ese primer año, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %. En ese sentido “planteamos una estrategia de priorización en la persecución penal con el fin de incrementar la efectividad del aparato estatal en el esclarecimiento de hechos delictivos y garantizar los derechos de las víctimas”, detalló María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Agregó que la baja calidad de la impartición de justicia, que se refleja en el rezago en la resolución de los casos, el bajo nivel de denuncia de los delitos, los altos niveles de impunidad, así como en la percepción negativa respecto a jueces y magistrados, representa un obstáculo para alcanzar el Estado de derecho al que aspiramos.
En 2018, 45 % de los mexicanos tenía poca o nada de confianza en los jueces. Esta deficiente impartición de justicia se debe en gran parte a la debilidad del gobierno judicial que se observa a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal. Por tal motivo “proponemos entonces fortalecer el gobierno judicial, en particular en los estados, donde planteamos promover instancias realmente efectivas en velar por la independencia de los Poderes Judiciales y en implementar una carrera judicial”, aseguró Laurence Pantin, coordinadora del programa de transparencia en la justicia y de proyectos especiales.
Continuó Ana Lilia Moreno, investigadora de Competencia y Regulación de México Evalúa, quien expuso que, en lugar de intensificar la competencia, los regímenes regulatorios que se han creado a nivel federal y local muchas veces representan su principal barrera. Hoy la falta de competencia económica en los mercados internos ha impedido el buen funcionamiento del modelo económico que adoptamos desde hace más de 25 años.
Esta situación se ha traducido en una falta de crecimiento económico y un estancamiento en los niveles de productividad e innovación. Prueba de esto es que en los últimos 15 años nuestra economía ha crecido, en promedio, 2.2 % cada año, mientras nuestra productividad ha crecido apenas 0.2 % por año. Por ello propusieron “dar nuevas facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para presentar acciones de inconstitucionalidad a leyes cuando éstas contravengan el derecho a la competencia y libre concurrencia, así como permitirle a la Comisión Federal de Competencia Económica analizar el impacto regulatorio en materia de competencia”.
En la mesa discusión se detalló que la mala calidad del gasto público se debe al deficiente marco de gobernanza en el proceso de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas del presupuesto público. El gobierno de Felipe Calderón gastó 50 mil millones de pesos en tres programas discrecionales del Ramo 23 sin reglas ni lineamientos, pero la administración de Enrique Peña Nieto gastó 318 mil millones de pesos. Esto equivale a 1.7 veces el gasto de Pensión para Adultos Mayores y 1.5 veces el gasto del programa Prospera.
“Con el fin de fortalecer la disciplina financiera, recomendamos imponer más controles sobre la deuda pública, fomentar una mayor rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos excedentes y los ingresos por aprovechamientos, limitar el gasto discrecional del Ramo 23, rediseñar la estrategia en torno a los fideicomisos con recursos públicos, restringir el sobrejercicio en gasto superfluo y promover la inversión pública”, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.
Asimismo, señaló que los proyectos de obra pública presentan sobrecostos y retrasos sistemáticos y son vulnerables a la corrupción.
Al final del evento el investigador Marco Fernández, abordó la necesidad de consolidar la reforma educativa, más allá de la evaluación docente, con políticas que aseguren la calidad educativa y permitan atender los desafíos en materia de infraestructura. También, abordó los escasos resultados que ha dado hasta la fecha el Sistema Nacional Anticorrupción en el cual consideró indispensable hacer más efectivas las instituciones encargadas del combate a la corrupción, mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiamiento, el afianzamiento de sus pesos y contrapesos y el desarrollo de un sistema de compras y contrataciones públicas eficiente, transparente y que fomente la competencia.
“Ante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, en México Evalúa estamos convencidos de que, aunque lenta, la tarea de crear un Estado eficaz es ineludible. No podemos imaginarnos un cambio estructural de mayor envergadura y relevancia. En México Evalúa creemos en el diálogo responsable y sabemos que encontraremos en el nuevo presidente esa misma disposición para imaginar entre todos al México que queremos y que merecemos”, finalizó Edna Jaime.
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