El senador Manuel Añorve presentó una iniciativa para erradicar cualquier práctica, basada en tradiciones, usos o costumbres, de venta de niñas para contraer matrimonios forzados o cualquier otra actividad denigrante o ilícita.
Para blindar los derechos humanos de las mujeres desde la infancia y evitar que por “tradiciones” sean tratadas como mercancía, el senador guerrerense Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que busca erradicar la venta de mujeres.
La propuesta de reforma a la fracción VII del artículo 41 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia señala que es facultad y obligación de la federación “garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como los de toda la sociedad, no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres”.
Además, considera adicionar la fracción VII Bis que señala “erradicar cualquier práctica, basada en tradiciones, usos o costumbres, que tenga como resultado final, la venta de niñas para contraer matrimonios forzados o cualquier otra actividad denigrante o ilícita”.
Añorve Baños resaltó que de acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 300 mil niñas y adolescentes, principalmente en el estado de Guerrero, han sido vendidas con fines matrimoniales, por lo que indicó que es necesario acabar con esta práctica.
Indicó que es urgente que el marco jurídico nacional evolucione y sirva para proteger a las niñas de ser vendidas y sentenció que “ya no podemos seguir solapando esta realidad, minimizando el sufrimiento de cientos de miles de niñas, que han sido arrancadas de su niñez y entregadas a las garras del abuso, la humillación y el abandono”.
El senador priista afirmó que en el marco jurídico en materia de la lucha contra la trata de personas y la atención a las víctimas de estos delitos existen “recovecos legales” en los que pueden colarse “excepciones” para continuar con estas prácticas, sobre todo en las comunidades indígenas que se amparan en que son parte de sus usos y costumbres.
Por tal motivo, es necesario establecer en la ley como una obligación de la Federación que debe garantizar que los usos y costumbres de toda comunidad no traten contra los derechos humanos de las mujeres y no sirvan como excusa para venderlas al mejor postor para que contraigan matrimonio.
El senador del PRI aclaró que los cambios propuestos no buscan restringir el libre desarrollo de las comunidades indígenas, ni coartar el derecho constitucional de toda comunidad a poder autodeterminarse de acuerdo a sus usos y costumbres.
Subrayó que lo que sí se pretende es que la federación asuma su responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de toda persona, por sobre todas las cosas.
No estoy en contra de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero sí estoy en contra de los matrimonios infantiles forzados, que son justificados con ese argumento, por ello, en el @senadomexicano, presenté una iniciativa para prohibirlo (cont.) pic.twitter.com/Dy4hbPMu4R
— Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) October 27, 2021
Diputados de Guerrero no se cruzan de brazos
Diputados de la LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero exhortaron a las secretarías de Gobernación y General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos para que implementen acciones de prevención, erradicación y sanción de la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o usos domésticos.
El acuerdo parlamentario fue suscrito por los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado por unanimidad.
Este acuerdo se derivó del hecho registrado en una comunidad de Cochoapa, Guerrero, donde se encarceló de manera ilegal a la señora Concepción y sus cuatro hijas menores de edad por tratar de darle de comer a su hija Angélica Martínez Ventura, quien fue presa por la policía comunitaria por resistirse en cuatro ocasiones a ser violada por su suegro, quien argumentaba que había pagado por ella para su hijo, y que para recuperar su libertad tendría que pagar 210 mil pesos.
Este suceso fue motivo para que organizaciones de la sociedad civil y redes de defensoras de derechos humanos de las mujeres emitieran un pronunciamiento y señalaran que estos hechos devienen de un conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes en la región de la Montaña con fines de matrimonio con hombres adultos, práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus agentes.
Con el pretexto de que se respetan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, se hace caso omiso del mandato constitucional que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El acuerdo señala que el Poder Legislativo no puede verse ajeno a los hechos que ocurren y han ocurrido en diversos municipios, basándose en prácticas de usos y costumbres que dañan y atentan contra la dignidad humana de las personas, principalmente de las niñas y niños indígenas.
“Prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, pero el estado y sus autoridades no podemos ni debemos permitir que se continúe con este tipo de violencia en contra de niñas, niños y mujeres indígenas”, destaca el acuerdo que fue leído por la diputada Leticia Mosso Hernández del Partido del Trabajo (PT).
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