Hacienda considera realista y responsable el Proyecto de Presupuesto 2020; Moody’s, optimista; los gobernadores, insuficiente; y los partidos de oposición, peligrosamente asistencialista.
Cada año, a través de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal solicita al Congreso de la Unión le sea aprobado un presupuesto que le permita trabajar durante todo un año. A esto se le denomina gasto programable el cual sirve para proveer de bienes y servicios a la población.
El presidente del país definió las prioridades de su gobierno para el año venidero, ante las cuales, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, tuvo que hacer números y arrastrar el lápiz para plasmar en cifras las cantidades que se requerirán para cubrir las metas establecidas y posteriormente presentarlas al Congreso de la Unión, esperando que le den el visto bueno.
De esta manera, se calculó el gasto público para el próximo año en 6 billones 096 mil 336 pesos, cifra 0.8 por ciento mayor a la aprobada para este 2019 y que equivale al 23.2 por ciento del PIB, cantidad que es menor al 23.5 por ciento del año anterior, lo que de manera más sencilla significa que el gasto público será menor para 2020.
El secretario de Hacienda indicó que el Paquete Económico es realista y responsable, para que así lo perciban los mercados, además de que “está construido sobre bases de estricto apego a la disciplina fiscal y busca generar estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera”.
En los Criterios Generales de Política Económica que se integran al documento se plantea un crecimiento de entre 1.2 y 2.2 por ciento, con una inflación de 3.2 por ciento y un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar.
En torno al crecimiento planteado surgen los focos rojos. Ariane Ortíz-Bollin, analista de riesgo soberano de Moody’s, consideró que “el principal riesgo para los recursos que el gobierno necesita viene del crecimiento, porque si la economía crece menos de lo que el presidente está presupuestando, habrá menos recaudación de IVA e ISR; al final, eso es lo más relevante para cumplir con sus metas de ingreso”.
Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic) asegura en un análisis que en 2020 repercutirá de manera negativa la baja inversión pública y privada de este año y, además, la incertidumbre de la economía mundial, son factores que hacen difícil pensar que la economía mexicana crecerá más de 1.5 por ciento. “La deuda social se elevará más”, asegura.
No bastan los programas sociales
“No hay un programa de apoyo social que pueda compensar la falta de crecimiento económico. Ése es el costo que se pagará en 2019 tan sólo por la corrección del PIB, y podría aumentar si, en lugar de crecer, México termina registrando un número negativo al cierre del año”, observa.
Por ello, advierte que “es delicado el escenario de una reducción en la inversión física del sector público, básicamente se apagan los motores del crecimiento que le dan autonomía a la sociedad para alcanzar mayores niveles de desarrollo sin depender de los apoyos sociales”.
Por otra parte, México Evalúa en un estudio considera que es poco realista que el cálculo gubernamental de que el país crecerá 2 por ciento, por lo que en un ejercicio que realizó bajo el supuesto de que el PIB creciera 1.9 por ciento en lugar del esperado 2, “se perderían 27 mil 668 millones de pesos en recaudación.
Ante este escenario, los ingresos faltantes se podrían compensar con los recursos disponibles en el Fondos de Ingresos Presupuestarios que cuenta con 244 miles de millones de pesos. Sin embargo, dichos fondos son finitos: si se crece sólo 1.1 por ciento o menos, los ahorros disponibles no serían suficientes para compensar el ‘hueco’, por lo que se harían nuevos recortes o aumentaría el endeudamiento”.
El análisis alertó que 45 por ciento de recursos que tiene el gobierno, después hacer sus pagos obligatorios, se va a ir a Programas sin Reglas de Operación, que no están obligados a regular su diseño, mientras que en 2019 fue de 40 por ciento.
“Eso nos preocupa porque de entrada no se le exige al ejecutor del gasto que defina un compromiso de operación e impacto que después le pueda ser exigible. Esto diluye la rendición de cuentas y eleva el riesgo de que los dineros sean usados para el control político en su formato más común, pero no único: la compra de votos”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
En 2020 la bolsa para los subsidios sin reglas de operación asciende a 402 mil millones de pesos. Una mayor distribución del gasto hacia este tipo de programas es signo de que continuará la discrecionalidad y queda en entredicho la seriedad de la nueva política social, destaca el estudio.
Les aprieta el zapato
Los gobernadores de varios estados han externado su inconformidad por los recortes que se prevén para sus entidades, toda vez que aseguran que los recursos que recibirían afectarían a sectores prioritarios.
Tal ha sido el descontento que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, planteó la necesidad de “convocar a una nueva convención nacional hacendaria, o de ir pensando en descoordinarnos de la Federación porque no se avizora intención de cambiar”.
Indicó que “los gobernadores deberíamos tomar más en serio este momento delicado del país, si nos quedamos callados no le vamos a hacer un bien a México y no es cierto que con negociaciones individuales cada gobernador con el Gobierno Federal va a sacar más para sus estados; si el barco se hunde nos hundimos todos, yo no he visto un barco que se hunda y sobreviva un camarote”.
Por otra parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, tampoco descartó la posibilidad de salir del Pacto Fiscal lo que implicaría que los impuestos que se cobran en la entidad, ya no se vayan a la Federación, sino que se queden en el mismo estado para que se manejen con autonomía plena.
En tanto, el mandatario estatal de Guerrero, Héctor Astudillo afirmó que el Proyecto de Presupuesto de la Federación 2020 es el más castigado, y que con los recursos que se tienen contemplados para la entidad no sería posible su desarrollo.
Riquelme Solís de Coahuila pidió a los legisladores federales de su estado que hagan un frente común para que le asignen mayores recursos.
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) consideró que recorte al presupuesto 2020 debilita a las entidades federativas, toda vez que las aportaciones que realizan a la Federación no corresponden a las participaciones que recibe.
Entre los sectores que resultaron con recortes, que por la generación de desarrollo y riqueza son prioritarios, se encuentran el de infraestructura carretera que sufrió una reducción de 44.9 por ciento; turismo que tuvo una disminución de 42 por ciento; agricultura con un corte de 29 por ciento y economía con un decremento de 30 por ciento.
Otras intenciones
Jesús De León Tello, presidente del PAN en Coahuila, indicó que los estados y municipios a julio de este año dejaron de recibir 4 mil millones de pesos en relación al mismo periodo del año anterior, en los ramos 23, 28 y 33. Asimismo, aseguró que la federación se queda con el 80 por ciento de los recursos, mientras que estados y municipios reciben sólo el 20 por ciento.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que en el proyecto de Presupuesto para el 2020 el ejercicio del gasto público prioriza un asistencialismo electorero y populista, que a final de cuentas afectará no sólo el crecimiento y desarrollo de México, sino a las familias mexicanas.
En conferencia de prensa en la sede del tricolor, señaló que 9 de cada 10 pesos de la Secretaría de Bienestar se destinarán a sólo tres programas sociales: pensión a los adultos mayores, pensión a personas con discapacidad y Sembrando Vida.
En tanto, expuso que en comparación con el gasto ejercido este año, en el proyecto de Presupuesto de 2020 se propone una reducción importante de recursos a las Secretarías de Estado.
A la Secretaría de Turismo (Sectur), cabeza del sector turismo, que genera 8.5 por ciento del PIB y 4 millones de empleos, así como beneficios a 16 millones de mexicanos, se le disminuyen 3 mil 751 millones de pesos, que equivalen a una baja de 42 por ciento.
A la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le restan 7 mil 815 millones de pesos, lo que representa una reducción de 41.67 por ciento; y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se le quitan 14 mil 512 millones de pesos, lo que equivale a un recorte de 33.54 por ciento en comparación con el gasto que ejerce este año.
Indicó que a la Secretaría de Economía se le quitan 2 mil 800 millones de pesos para el 2020, en comparación con su gasto para 2019, lo que representa una disminución de 30.92 por ciento.
Asimismo, explicó que a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le quitarán 19 mil 181 millones, que representan una baja de 29.31 por ciento.
“Lo que necesitamos es un presupuesto que dé certeza y certidumbre” al pueblo de México, que verdaderamente haya crecimiento, que haya empleo, y que genere oportunidades y resultados a los mexicanos, dijo el dirigente nacional del PRI.
