La calle no es solo de los automovilistas, es del transporte, de automovilistas, ciclistas y peatones, por lo que todos tienen el mismo derecho a transitar por la calle como cualquier automóvil.
Con el objetivo de encontrar soluciones a los retos e identificar las oportunidades de mejora en la movilidad de las ciudades, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizó la mesa de trabajo sobre Movilidad y Desarrollo Urbano.
En este ejercicio participó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, quien presentó los avances en la integración del dictamen de la Ley General de Movilidad, cuya principal característica es establecer un cambio de paradigma que significa “aprender a compartir la calle” y su principal reto es el financiamiento.
La legisladora destacó que en el desarrollo de la nueva reglamentación de movilidad la sociedad civil ha tenido un papel preponderante toda vez que fue gracias a que las organizaciones ciudadanas fueron las que plantearon al Senado la necesidad de hacer una ley general en la materia.
Gálvez Ruiz indicó que el fondo de esta ley radica en considerar que “la calle no es solo de los automovilistas, es del transporte, de automovilistas, ciclistas y peatones y todos tienen el mismo derecho a transitar por la calle que cualquier automóvil”.
Agregó que esta normatividad contempla el derecho a la movilidad, los derechos de las víctimas de siniestros viales, los instrumentos financieros, la distribución de competencias, la vigilancia del cumplimiento de la ley.
La senadora panista invitó a los integrantes de la Coparmex a conocer los avances de la ley y a participar en su análisis. “En este proceso de consulta de participación ciudadana sí es muy importante la opinión jurídica”, apuntó.
Asimismo, reiteró que el objetivo de esta ley es lograr cero emisiones, cero muertes por accidentes viales y cero exclusión, además del enorme reto que representa su financiamiento e implementación. Sin embargo, señaló que hablar de cero emisiones suena bien, pero cuestionó la manera en que se va a implementar.
En este sentido, Xóchitl Gálvez aseguró que este gobierno representa un retroceso en esta materia, toda vez que mientras otros países hablan de políticas públicas donde la salida del auto de combustión interna está prevista para 2035, aquí construimos una refinería. “La política no está enfocada a la electromovilidad (…) el gran tema de esta ley es el financiamiento”, subrayó.
Por su parte, Laura Ballesteros Mancilla, presidenta de la Comisión de Movilidad Feminista de la Colectiva 50+1, sostuvo que la inversión para gestar los cambios en este rubro tiene que venir también de la iniciativa privada a través de esquemas híbridos o de generación de esquemas de inversión.
En otro aspecto, hizo notar que en un escenario pos-COVID-19, las autoridades deben tener en mente que las soluciones a estos desafíos están relacionadas con el desarrollo urbano, la vivienda, el transporte y la movilidad, cuyas agendas entrelazadas impactan en indicadores de bienestar, desarrollo social, medio ambiente, acceso a derechos y servicios y recuperación de espacios públicos.
Ballesteros Mancilla consideró que si se quiere hablar de ciudades para las personas, que les resuelvan sus problemas, debe pensarse primero en las “Tres U” que se refieren a la ubicación, es decir, ciudades compactas que generen desde sus centralidades, desarrollo económico, urbano y social.
Explicó que ciudades medias como Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Mérida, entre otras, se acercan a la situación de la Ciudad de México, por lo que deben tomar acciones necesarias para reorientar su desarrollo para evitar errores que se han cometido en el pasado sin que exista regulación.
En lo que respecta a los términos de igualdad y perspectiva de género, dijo que “las infraestructuras están hechas para todos, menos para las mujeres, las personas con algún tipo de discapacidad y las personas en su mayoría que no se mueven en automóvil”.
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