A 12 años del sistema de justicia penal acusatorio, la sociedad todavía no se identifica con el cuerpo de valores que éste implica, como la presunción de inocencia.
De cada diez mexicanos ocho aseguran que respetan la ley (75.8 por ciento), en contraste, 20.6 por ciento afirma que la respeta poco y 2.4 por ciento de plano dice que nada, destaca el Visor Ciudadano de febrero, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, titulado Constitución, ley y justicia. Perspectivas sobre la cultura de la legalidad en México.
El estudio elabora sus conclusiones a partir del resultado de encuestar a la población en diversas partes del país, y de acuerdo con las respuestas emitidas encontró que en un contexto general en donde se asume que no se respeta la ley, las personas tienen una opinión favorable de sí mismas sobre este asunto.
Según los resultados del análisis, en las tendencias regionales destaca que, a menor nivel de pobreza, aumenta la autovaloración positiva referente al cumplimiento de la ley. De esta manera, en los estados con muy alta pobreza 42.5 por ciento de la población encuestada respondió que respeta mucho la ley, en los estados con alta pobreza pasa a 51.3 por ciento, en los estados con mediana pobreza a 51.7 por ciento y en las entidades de baja pobreza el valor asciende a 59.2 por ciento.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez, que estuvo a cargo de Itzkuauhtli Zamora Saenz, menciona que el cumplimiento de las leyes por parte de la ciudadanía y de los actores políticos es fundamental para la existencia de un Estado de derecho. “En la medida en que las decisiones se toman con base en el sistema jurídico existente, se acota la posible arbitrariedad en los actos de las autoridades”, subraya.
Justicia y cumplimiento de la ley
Uno de los hallazgos obtenidos por las encuestas realizadas para este estudio, muestran que la ciudadanía asocia principalmente el concepto de justicia con el cumplimiento de la ley (66.1 por ciento). Este porcentaje es considerablemente superior a otras opciones como igualdad (13.7 por ciento), castigo (10.7 por ciento), orden (4 por ciento) o incluso un privilegio de un sector de la sociedad (2.4 por ciento).
A pesar de que algunas leyes sean percibidas como injustas, 70.6 por ciento se mostró a favor de respetarlas, en cambio, 26.3 por ciento mostró su desacuerdo con dicho planteamiento, es decir, desde su punto de vista no deben respetarse las leyes que se perciban como injustas.
En los estados con muy alta pobreza, la mayoría está en desacuerdo con el planteamiento de respetar las leyes, aunque parezcan injustas (31.6 por ciento, de los que 4.3 por ciento están muy en desacuerdo y 27.3 por ciento en desacuerdo). El desacuerdo se reduce conforme disminuye el nivel de pobreza. A menor nivel de pobreza, aumenta la proporción de personas que muestran algún tipo de acuerdo con respetar las leyes, aunque les parezcan injustas.
Ante la pregunta sobre qué se requiere para que la justicia en el país mejore, los encuestados señalaron a nivel nacional que consiste principalmente en tener una policía eficiente y capacitada en derechos humanos (32.7 por ciento), seguido de un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz (31.1 por ciento) y la formación de jueces que dicten sentencias apegadas a derecho y basadas en evidencia (24.3 por ciento).
Tanto en los estados con muy alta pobreza como en los de baja pobreza (los extremos en el conjunto de las regiones), coinciden en señalar que la principal mejora para el sistema de justicia radica en el Ministerio Público (33.6 y 35.3 por ciento, respectivamente). Mientras que para los estados con alta y mediana pobreza el ámbito de mejora consiste en contar con policías eficientes y capacitados en derechos humanos (36.5 y 33.7 por ciento, para cada uno).
Por otra parte, al indagarse sobre lo que la ciudadanía opinaba con respecto a la prisión preventiva se planteó una situación hipotética: si una persona que es denunciada por robo a mano armada, pero que no se cuenta con la certeza de su culpabilidad, ¿cómo debería enfrentar su juicio, en libertad o en prisión? 54 por ciento señaló que prefería que en prisión, 41.7 por ciento respondió que en libertad y 2.2 por ciento comentó que su respuesta dependía de tener más información sobre el caso.
A nivel regional en los estados con baja pobreza hay una mayor propensión a señalar que la persona indiciada debería afrontar su juicio en libertad (45 por ciento de las respuestas), mientras que en los estados con alta pobreza destacó la cantidad de población que opinó que dicha persona debería afrontar el juicio en prisión (64 por ciento).
El análisis considera que “es preocupante que, a 12 años del sistema de justicia penal acusatorio, la sociedad todavía no se identifica con el cuerpo de valores que este implica (presunción de inocencia, debido proceso que garantice el respeto de los derechos humanos del indiciado). Por esta razón, se explica que poco más de la población encuestada considere que una persona que presumiblemente realizó un robo a mano armada afronte el juicio en prisión”.
Para la elaboración del Visor Ciudadano Constitución, ley y justicia. Perspectivas sobre la cultura de la legalidad en México fueron tomados en cuenta resultados de la Encuesta Nacional sobre la Cultura de la legalidad (ENLEGA), 2019, del Instituto Belisario Domínguez, levantada del 21 al 26 de septiembre; la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, 2016. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Latinobarómetro, y el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2015. Instituto Federal Electoral.
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