En el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho.
El fortalecimiento del Estado de Derecho sigue siendo un tema pendiente en México, donde el orden y la seguridad son los problemas más preocupantes, toda vez que 19 estados bajaron su puntaje de un año a la fecha, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, el incremento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los ciudadanos, señala el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
El estudio elaborado por segunda ocasión en nuestro país por el World Justice Project (WJP) mide la adhesión al Estado de Derecho desde una perspectiva ciudadana y dirigido a organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunicadores.
La intención del organismo que elabora este análisis es ofrecer datos que sirvan como herramientas para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, así como para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
concluye que México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal, por lo que considera necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones del país y garanticen el cumplimiento de la ley.
Los 10 estados con el mayor retroceso en este rubro son Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. El WJP reconoce que revertir esta percepción es una tarea complicada que requiere de la participación y compromiso de todos los ámbitos de gobierno, del sector privado, de las fuerzas políticas, de las organizaciones de la sociedad civil, así como de los medios de comunicación.
Cabe destacar que ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho.
Los principales problemas
En el evento en el que fue presentado el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, señaló que “si queremos gobernabilidad, paz y seguridad, debemos fortalecer nuestras instituciones y no trastocarlas”.
Por otra parte, Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, dijo que “el Estado de Derecho nos afecta a todos”, mientras que Matthew Stokes, representante del Departamento de Estado de la Unión Americana, aseguró que “no puede haber gobernanza si seguridad ni justicia”.
De acuerdo con el estudio, uno de los temas que más ha sigue afectando a la población del país es la corrupción, entendida como la utilización del poder público para obtener un beneficio privado, es otro de los retos que debe superar el país. En este rubro los congresos locales fueron los que obtuvieron los puntajes más bajos.
En cuanto a la ausencia de corrupción, los estados mejor calificados fueron Querétaro con 0.45 puntos, Zacatecas con 0.44 y Guanajuato con 0.43. El promedio de las 32 entidades se ubica en 0.36 puntos y los estados peor calificados fueron en el último lugar lo ocupó con 32 puntos Ciudad de México, seguido por Chiapas, Guerrero y Estado de México quienes tuvieron 0.30 puntos cada uno.
En el factor que mide los límites al poder gubernamental la entidad mejor posicionada fue Nuevo León con 0.50 puntos, Baja California con 0.48 puntos seguidos por Colima y Yucatán con 0.47 puntos, cada uno.
Con respecto a la medición de la justicia civil, que muestra si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil, el promedio de los 32 estados oscila en 0.36 puntos, los que obtuvieron los mejores resultados fueron Guanajuato con 0.44 puntos, Nuevo León y Durango con 0.42 puntos, Aguascalientes, Campeche y Baja California con 0.41 puntos, mientras que el último lugar lo ocupó Guerrero con 0.29 puntos y Chiapas, así como Jalisco con 0.32 puntos.
La mayoría de los estados también enfrentan grandes desafíos en la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente al medir la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. Uno de los ejes peor evaluados, en gran medida debido a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, los cuales fueron estimados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 93.2 por ciento en el país.
En lo correspondiente a justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver las controversias a través del sistema de justicia, en la mayoría de los estados los puntajes más bajos de esta dimensión son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil. Asimismo, la mayoría de los estados también enfrentan grandes desafíos en lo que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente, que mide la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos fue el peor evaluado de los ocho que conforman.
De acuerdo con World Justice Project las situaciones de violencia, corrupción, e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno.
No todas las mediciones fueron en sentido negativo, el Índice también revela algunos avances. La puntuación de los límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país. Al igual que en la edición de 2018, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 confirma que los contrapesos más efectivos de los gobiernos estatales son la participación de la sociedad civil y la prensa.
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