El acuerdo energético es un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causa pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ignoró el beneficio ecológico y económico del uso de las energías renovables, y con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020 rubricado por la secretaria de Energía, en el que se impide poner en marcha nuevas centrales eléctricas solares o eólicas que no tengan contrato de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía antes del 15 de mayo.
Después de darse a conocer esta medida, las voces de inconformidad, tanto en México como en el extranjero, no se hicieron esperar para señalar que este decreto violaba el Estado de derecho, y por otra, ahuyentaba las inversiones en el país.
Los primeros en hacer público el descontento fueron la Unión Europea (UE) y Canadá, a través misivas emitidas por sus embajadas, aseguraron que con esta medida se perderán inversiones millonarias que afectan a sus países.
La UE destacó que con esta decisión se “impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 Estados de la República”, lo que pondrá en riesgo inversiones del viejo continente que “superan los seis mil 400 millones de dólares”. En tanto, Canadá destacó que en su caso se dañarían las inversiones que ascienden a por lo menos 450 millones de dólares.
AMLO ¿en defensa de quién?
El viernes cuando el grueso de la información se centraba en el avance y situación del COVID-19, el decreto fue publicado en el DOF, y ante los desacuerdos y protestas AMLO sólo justificó la medida diciendo que “se habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica, y estaban conspirando para destruir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, se entregaron contratos, en el caso de Pemex se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo, se entregaron estos contratos a particulares con la llamada Reforma Energética y según esos contratos, y así lo dijeron, engañando a todo el pueblo, iban a significar más producción petrolera y más beneficios”.
Previamente, el Consejo Coordinador Empresarial había emitido un comunicado en el que pidió al gobierno dar marcha atrás a este acuerdo, toda vez que se publicó “sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”.
Agregó que este acuerdo no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
El CCE reiteró su llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que investiguen y esclarezcan las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
En México la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo que el acuerdo que modifica el Sistema Eléctrico Nacional es un grave retroceso: desalienta la inversión privada y el empleo; incrementa los costos de generación y la contaminación. “Tendrá un efecto muy negativo en la economía, la salud y el deterioro ambiental del país”, recalcó.
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