La deuda pública en México ha sido un factor clave en el desarrollo económico y social del país, pero su sostenibilidad y manejo representan un desafío constante para las administraciones gubernamentales. Este tema no solo afecta las finanzas públicas, sino también la confianza de los inversionistas, la estabilidad económica y el bienestar de la población.
La deuda pública incluye todas las obligaciones financieras contraídas por el gobierno y entidades del sector público, como empresas estatales y banca de desarrollo. Se clasifica en deuda interna, que se adquiere de acreedores nacionales y se paga en moneda local, y deuda externa, contraída con entidades internacionales y generalmente liquidada en divisas extranjeras.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 82.9 por ciento de la deuda actual corresponde a deuda interna, mientras que el resto es deuda externa. Esta estructura se considera favorable debido a la menor exposición a riesgos cambiarios.
La deuda en México en el transcurso del tiempo ha tenido diversos manejos y atravesado por periodos de auge y crisis:
En las décadas de 1980 y 1990, México experimentó incrementos significativos en su deuda pública, alcanzando un máximo de 73 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1987. Este aumento se debió a factores como la expansión burocrática y la caída en los precios del petróleo.
Durante la crisis de 1994-1995, la deuda externa creció del 16.8 al 35.9 por ciento del PIB. Entre 2010 y 2015, la deuda bruta del Sector Público Federal aumentó del 31.8 al 44.6 por ciento del PIB, con la deuda interna representando el 67 por ciento del total en 2015.
De acuerdo a información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) este crecimiento estuvo relacionado con la reforma fiscal de 2013, que buscó incrementar la recaudación para financiar proyectos sociales e infraestructura.
La deuda pública hoy
La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 14 billones 626 mil millones de pesos en septiembre de 2024. El 83.1 por ciento se mantuvo en el mercado interno, del cual, 75.9 por ciento se contrató a tasa fija y con vencimientos a largo plazo.
En octubre de 2024, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se situó en 16.8 billones de pesos, equivalente al 49.8 por ciento del PIB. Este indicador, considerado el más amplio de la deuda pública, incluye todas las obligaciones financieras del gobierno y sus entidades.
La SHCP ha señalado que el 76.5 por ciento de los valores gubernamentales se contratan a tasa fija y con vencimientos a largo plazo. Esto es relevante porque permite al gobierno planificar mejor sus pagos y mitigar el impacto de fluctuaciones en las tasas de interés. Sin embargo, el déficit fiscal alcanzó niveles récord en 2024, representando el 5.9 por ciento del PIB, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda.
Lo que depara 2025
El gobierno mexicano proyecta un déficit fiscal del 3.9 por ciento del PIB para 2025, con una deuda pública esperada del 51.4 por ciento del PIB. Aunque estos niveles son manejables en comparación con economías avanzadas, las agencias calificadoras han expresado inquietudes sobre la estabilidad fiscal.
Moody’s, por ejemplo, cambió la perspectiva crediticia de México de “estable” a “negativa”, argumentando que el entorno institucional podría debilitarse. No obstante, mantuvo la calificación en “Baa2”, lo que indica un riesgo moderado para los acreedores.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, se estima un gasto de 9.2 billones de pesos, de los cuales el 70 por ciento estará destinado a programas sociales y bienes públicos. Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá 136 mil millones de pesos para cubrir parte de su deuda. Estas medidas buscan equilibrar las necesidades de financiamiento con los compromisos de inversión social.
El aumento en la deuda plantea varios retos como el que los altos niveles de deuda limitan la capacidad del gobierno para reaccionar ante crisis económicas o desastres naturales.
Por otra parte, la dependencia del petróleo a la que el gobierno le ha apostado, aunque se ha reducido, hacen que los ingresos petroleros representen una parte importante del presupuesto, por lo que una caída en los precios podría complicar el servicio de la deuda.
Asimismo, está en juego la credibilidad internacional pues los recientes cambios en las perspectivas crediticias afectan la percepción de México en los mercados internacionales y pueden incrementar el costo del financiamiento.
Frente a este panorama, varios analistas coinciden en que deben tomarse medidas para un manejo responsable de la deuda pública, entre ellas:
Llevar a cabo reformas fiscales que busquen incrementar la base tributaria así como reducir la evasión fiscal, con lo cual podrían mejorar los ingresos del gobierno.
Además, consideran que es necesaria una diversificación económica a fin de disminuir la dependencia de ingresos petroleros y fomentar industrias con alto valor agregado.
Por otra parte, recomiendan mayor transparencia para mejorar la rendición de cuentas sobre el uso de la deuda lo que contribuiría a generar confianza entre los ciudadanos y los inversionistas.
La deuda pública en México es un instrumento esencial para el financiamiento gubernamental, pero su manejo requiere un equilibrio cuidadoso entre las necesidades de gasto y la estabilidad fiscal. A medida que el país enfrenta desafíos económicos y sociales, es crucial adoptar políticas responsables que garanticen un desarrollo sostenible sin comprometer la solvencia del Estado.
¿Crees que tu poder adquisitivo está siendo dañado por la alta deuda pública del país?
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