Ataques, cuestionamientos, desprestigio público, recortes al presupuesto sólo son algunas de las acciones que el presidente ha hecho en contra de los organismos autónomos que, según él, son una farsa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no se guarda comentarios de ningún tipo, por muy poco fundamentados que éstos sean. En los primeros meses de gobierno ha señalado que los organismos autónomos son “una gran farsa” y adelantó que los iba a “purificar”.
Los organismos autónomos se caracterizaban por sus planes transexenales para evitar que el ejecutivo interviniera, pero al menos que en este régimen de gobierno no será así.
Uno a uno, López Obrador ha cuestionado las actividades de los entes independientes y ha acusado de irregularidades a varios de ellos. En algunos casos se han dado renuncias de los mismos titulares, despidos de personal, destituciones y hasta la desaparición total de los organismos.
Como ejemplo del último caso, está el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que estaba a unas semanas de cumplir los 17 años de existencia. Su tarea era evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación básica –preescolar, primaria, secundaria y media superior–.
Con la cancelación de la reforma educativa de la administración peñista, el INEE desapareció en el Día de Maestro.
El organismo que buscaba garantizar la calidad de los servicios prestados por el Estado y los particulares, fue creado en el sexenio del presidente Vicente Fox, en el 2002, pero fue hasta 2013, en la administración pasada, que se convirtió en un organismo público autónomo.
Y es que el presidente López Obrador optó por aplicar ‘borrón y cuenta nueva’ en este caso, ya que junto con la publicación de la nueva reforma educativa, optó por crear el Organismo Coordinador del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que reemplazará al INEE. Inclusive, en el Senado ya se eligió a la primera presidente, que será Etelvina Sandoval Flores.
Otro de los organismos autónomos que han padecido por la 4T es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a cuyo entonces titular, Guillermo García Alcocer le fue iniciada una investigación por presunto conflicto de interés al haber asignado un contrato a un familiar.
Meses después de la acusación, García Alcocer presentó su renuncia. Actualmente en la CRE, de los siete comisionados que establece el reglamento sólo hay cinco, de los cuales cuatro fueron asignados directamente por el presidente López Obrador.
La próxima víctima de la 4T podría ser el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues el mandatario tabasqueño ya cuestionó su labor y además lo calificó de ser un “organismo oneroso, costosísimo”.
Asimismo, el presidente minimizó la tarea del Coneval que se encarga de generar información sobre la situación política y la medición de la pobreza e indicó que dicha tarea la podría llevar a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza en donde los encargados no conocen las comunidades más pobres de México”, comentó en su conferencia matutina hace unos días. Dijo en su oportunidad que en el organismo hay trabajadores con sueldos mensuales de 200 mil pesos. Por su parte, el exsecretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, a través de su cuenta de Twitter, @GHLicona, desmintió la información del mandatario al adjuntar un documento de transparencia según el cual su sueldo era de 132 mil 312 pesos.
Las declaraciones del presidente se dieron en el contexto después de que Hernández Licona fuera reemplazado de su cargo y que este hecho se asociara con una columna política en la que el extitular del Coneval criticara el plan de austeridad de la actual administración. Pero a decir del ejecutivo, no hay relación de los hechos ya que la decisión del cambio fue tomada antes de ejecutarla.
La importancia de los organismos autónomos
En una capsula informativa, en el programa Incursionando del Canal del Congreso se señala que los organismos constitucionales autónomos “son instituciones públicas que ejercen una función primordial y especial para el Estado”, y cuyas tareas son frenar, controlar y equilibrar a otras organizaciones con responsabilidades semejantes.
Indican que dichas entes son independientes respecto de las demás instituciones de gobierno y que su formación se derivó de la desconfianza social ya que se presentó una disminución de la credibilidad en el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Asimismo, subrayan que debido a su carácter de autonomía, no se deben a su creador o a quien los designa, pues el objetivo de los organismos autónomos es lograr un equilibrio constitucional, e inclusive, no debería haber cambios bruscos –al interior– derivado de la alternancia política.
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