A los mexicanos nos urge justicia la cual sólo se obtendrá respetando los límites de la dignidad humana, asegura Red Familia.
Después de trascender que el Ejecutivo presentará ante el Senado en la primera semana de febrero una iniciativa para reformar al sistema de justicia, Human Rights Watch (HRW) dijo que “los cambios supondrían un serio retroceso para el Estado de derecho y contravendrían las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por el país”.
Por otra parte, diversas organizaciones civiles han expresado la necesidad de que se dé un diálogo abierto para que los legisladores escuchen las diversas voces de la sociedad provenientes de la academia, activistas de derechos humanos y diversos líderes de opinión a fin de que las modificaciones no sean unilaterales y atiendan a las reales necesidades del país.
En un pronunciamiento al respecto, la organización civil Red Familia destacó que el sistema jurídico mexicano se ha caracterizado por reconocer y salvaguardar la vida, por lo que confió en que el poder legislativo, así como los diversos actores del sistema de justicia, “mantengan su compromiso de salvaguarda de los derechos humanos y garanticen su progresividad; el derecho a la vida de todos los mexicanos en toda etapa y circunstancia, es el primero de estos”.
Por otra parte, la organización expresó su preocupación de que en la reforma penal se incluyan puntos que podrían ser “regresivos” al poner en “indefensión a muchas familias mexicanas”. En este sentido enumeró cinco puntos:
1. Vulnerar el reconocimiento jurídico de la persona desde el momento de la concepción, tal como lo estipula el Art. 22 del Código Civil Federal y las Constituciones Locales de 21 entidades federativas.
2. Posibilitar el arraigo para más delitos, al abrir la puerta al abuso por parte de la autoridad.
3. Establecer la posibilidad de validar pruebas adquiridas mediante violaciones a los derechos humanos.
4. Ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada a otros delitos sin ningún tipo de control.
5. Diversos atentados a la presunción de inocencia, entre otros planteamientos.
Asimismo, Red Familia aseguró que a los mexicanos nos urge justicia la cual sólo se obtendrá respetando los límites de la dignidad humana.
Cambios ¿para qué?
El gobierno federal considera que entre las causas de la falta de eficacia para resolver la mayoría de los delitos en el país es la inoperatividad del sistema de justicia. Bajo este argumento el 15 de enero el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer, informaron que presentarían diversas propuestas para reformar radicalmente al sistema de justicia.
El 1 de febrero iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, y para la primera semana del mes se espera que sea presentada la iniciativa a este órgano legislativo por parte del Fiscal General de la República.
En la última década, México ha incorporado una serie de reformas a su sistema judicial destinados a reducir la impunidad e incrementar la transparencia y el respeto de los derechos humanos, sostuvo Human Right Watch (HRW), y señaló que cuando Gertz anunció que buscarán que se reforme este sistema, sostuvo que los cambios anteriores habían contribuido a que se “multiplicara el número de delincuentes” y que, si bien se había reducido la población penitenciaria, esto había “multiplicado su daño a la sociedad”.
El borrador de la propuesta se filtró y su contenido encendió alarmas en diversos sectores de la sociedad. Para HRW “los cambios propuestos revertirían los avances logrados por México en su sistema judicial en los últimos años. Además de que advierte que extender la prisión preventiva no contribuye a reducir la criminalidad. A su vez, limitar el uso de confesiones obtenidas bajo tortura obliga a la policía a llevar adelante investigaciones penales más efectivas”.
Asimismo, subraya que la propuesta incluye medidas regresivas y abusivas que permitirían que los agentes del Ministerio Público usen pruebas obtenidas mediante tortura, detengan a personas por hasta 40 días sin presentar cargos y, una vez imputadas, dispongan la prisión preventiva de las personas indiciadas sin posibilidad de revisión judicial.
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Algunas de las objeciones mencionadas por el organismo internacional son porque que, entre otros cambios, se prevén atribuciones de los agentes del Ministerio Público en detrimento de garantías para proteger derechos fundamentales.
Asimismo, considera peligroso la ampliación del arraigo, una medida que permite a los agentes del Ministerio Público solicitar autorización judicial para detener a una persona hasta por 40 días antes de presentar cargos. “Human Rights Watch ha instado previamente a México a abolir el arraigo, debido a que contraviene la garantía constitucional de no sufrir detención arbitraria y resulta violatoria de estándares internacionales de derechos humanos”, subrayó.
Otra de las situaciones de riesgo que advierte el organismo es que mientras el artículo 19 de la Constitución mexicana estipula que ninguna detención podrá exceder de 72 horas sin un auto de vinculación a proceso, el cambio propuesto a este artículo eliminaría tanto la vinculación a proceso como el límite de 72 horas.
Como consecuencia, si se imputa a una persona un delito para el cual se prevé la prisión preventiva de oficio, podría quedar automáticamente detenida todo el tiempo que duren la investigación y el juicio, sin ninguna revisión judicial de la prueba en su contra ni posibilidad de impugnarla, destaca.
HRW recuerda que durante el último año, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado considerablemente la lista de delitos para los cuales se prevé la prisión preventiva de oficio, que actualmente incluye, entre muchos otros, al fraude fiscal, el robo a una vivienda, el fraude electoral, el robo al transporte de carga y el robo de combustible.
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