Los esfuerzos del gobierno están desarticulados, en ocasiones son contradictorios, por lo que sumados resultan insuficientes para contener la violencia contra la prensa, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre “la normalización y profundización de la violencia en contra de los periodistas en México”, por lo que urgió a las autoridades a que activen medidas complementarias a las implementadas para frenar esta situación.
A través de un documento, el organismo internacional hizo un llamado a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urgió a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.
La Relatoría Especial dijo que durante las primeras 10 semanas del año recibió al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística.
A este respecto externó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México y reiteró que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática.
En torno a las medidas que el gobierno federal ha implementado para proteger a los periodistas, la Relatoría consideró que ha faltado efectividad a las mismas por lo que indicó que se requieren reforzar.
A este respecto aseguró que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas; los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación, y los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.
Destacó que la relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento.
Por otra parte, la Relatoría consideró que los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, por lo que sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. “En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”, aclaró.
Asimismo, la Relatoría llamó a las autoridades a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.
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