De un total de 374 fideicomisos públicos a nivel federal, la mayor parte no tienen estructura administrativa interna que permita un seguimiento y fiscalización.
En el marco de las discusiones de la Ley de Austeridad Republicana se decidirá el futuro de los fideicomisos. Al respecto las organizaciones México Evalúa y Fundar hicieron un llamado de atención al nuevo gobierno sobre cuatro pasos que, consideran, deberán seguirse para cambiar la práctica en torno a los fondos y fideicomisos en el país.
Señalaron que “a pesar de que en los últimos años diez años, en México se han presentado importantes avances normativos en materia de transparencia presupuestaria, que incluyen de manera específica el ejercicio de fideicomisos y fondos públicos, los recursos públicos involucrados en ellos aún se ejercen con poco control, mínima transparencia y sin rendición de cuentas”.
De un total de 374 fideicomisos públicos a nivel federal, la mayor parte no tienen estructura administrativa interna que permita un seguimiento y fiscalización adecuados de las operaciones financieras que ejecutan. Estos fideicomisos representan 92% del total de fideicomisos y 772 000 063 de pesos (de 835 000 000 pesos) y son considerados un riesgo para el erario.
En ese sentido advierten que el monto que puede ser ejercido de manera discrecional, sin control y sin rendición de cuentas, no es menor. Representa el equivalente al 14 % del Presupuesto de Egresos de la Federación, o 20 veces el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Al menos 139 de estos fideicomisos están constituidos en instituciones financieras privadas, que bajo secreto fiduciario limitan el acceso a todo lo relacionado a sus funciones.
“Ante este panorama, si bien es positivo que la agenda de la nueva administración haga de estas figuras públicas un asunto prioritario, la decisión de desaparecerlos debe ser limitada, informada y justificada. Por lo tanto, se necesita un diagnóstico de la situación para poder tomar decisiones adecuadas, conservar a los fideicomisos útiles para fines de interés público y fortalecer la transparencia y el control de los fideicomisos restantes”, dijeron.
Con este fin, propusieron cuatro pasos a considerar:
1. Registro único de fideicomisos que manejan recursos públicos: todos los vigentes a nivel federal y estatal, incluyendo fideicomisos privados que usan recursos públicos.
2. Diagnóstico de los fideicomisos con recursos públicos vigentes: identificar tipología, normativa, impacto, beneficiarios, situación financiera y patrimonial.
3. Evaluar la extinción de los fideicomisos que no sean útiles para fines de interés público.
4. Crear una política pública integral y con medidas de gobernanza para fideicomisos que manejen recursos públicos: Control para apertura y liquidación, transparencia y rendición de cuentas, mayor control, vigilancia y fiscalización y lineamientos para fideicomisos privados que intervienen en asuntos de interés público.
Consideraron positivo que en la nueva agenda pública se priorice la atención al uso y ejercicio de fideicomisos en México, “especialmente si se busca atender la opacidad y la falta de control que por muchos años han consentido el uso de recursos públicos sin rendición de cuentas y posiblemente hasta corrupción. Pero es importante que haya claridad, mejores controles y mayor transparencia de su funcionamiento y operatividad, que en la mayoría de los casos no existe”.
Te puede interesar: “El reto es fortalecer a las instituciones”: México Evalúa
