Utilizar con fines electorales los programas sociales y las vacunas destinadas para la población es de lo más bajo que ha realizado el partido en el poder, aseguró la senadora Kenia López Rabadán.
La senadora Kenia López Rabadán presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE) contra Morena y a quien resulte responsable por la presunta utilización electoral de programas sociales para coaccionar a los beneficiarios de los mismos con la finalidad de que participen en la revocación de mandato.
En el documento que entregó a la fiscalía electoral acusa a Morena como probable responsable de haber implementado una “onerosa campaña para influir en la ciudadanía”, la cual se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales, tal y como son las pensiones de adultos mayores, becas a jóvenes y niños, los apoyos a mujeres y al campo e inclusive coacciona el voto a efecto de que el Metro pueda seguir con una tarifa de cinco pesos o para que sigan aplicándose las vacunas.
La senadora del PAN aseguró que este tipo de acciones son inaceptables, violan la Constitución y agravian a todos los mexicanos.
“Acudo a presentar denuncia en contra del partido político Morena y de quien resulte responsable por el uso electoral de programas sociales y coacción del voto en la participación en la revocación de mandato y demás entidades federativas en que se llevan a cabo procesos electorales”, cita el texto firmado por López Rabadán.
En ese sentido, precisó que en días pasados se colocó en equipamiento y mobiliario urbano de diversas entidades federativas, publicidad electoral que hace alusión a programas sociales.
“Esto sólo es el principio de la ilegal forma en que se va a comportar el partido en el poder en los siguientes comicios presidenciales, ya que de forma sistemática ha violado los principios de equidad e imparcialidad en las diversas contiendas”, señaló.
Asimismo, indicó que utilizar con fines electorales los programas sociales y las vacunas destinadas para la población es de lo más bajo que ha realizado el partido en el poder.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado resaltó que “dichos actos ilegales impactan en la revocación de mandato, pero también en los seis procesos electorales locales que actualmente se están llevando a cabo, por lo que resulta urgente que la autoridad ministerial suspenda este tipo de prácticas deleznables y lleve a la justicia a los responsables”.
López Rabadán aclaró que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se sancionan con prisión de hasta tres años a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, para lograr la emisión del sufragio en algún sentido.
Igualmente, dijo que se castiga con hasta nueve años de prisión a quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales a cambio del voto e inclusive si se trata del condicionamiento de programas de naturaleza social -tal y como en el presente caso ocurre- se aumenta la pena en un tercio.
Te puede interesar: No hay democracia sin la libre expresión de ideas: Coparmex
