Defienden autonomía judicial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Capítulo Jalisco presentaron en conjunto un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del cual reafirmaron el compromiso con la justicia imparcial y los derechos garantizados, al tiempo de externar su preocupación por los riesgos que implica la reforma al Poder Judicial.

En el documento, dirigido a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro instructor de la controversia constitucional 286/2024 y de las acciones de inconstitucionalidad y consultas relacionadas, se afirma que la independencia del Poder Judicial es un pilar esencial de nuestra democracia y la salvaguarda de los derechos ciudadanos.

En el Amicus Curiae entregado, Coparmex y la BMA aportaron una visión integral y fundamentada sobre los efectos negativos de esa reforma, señalando cómo se pone en riesgo la imparcialidad judicial y la protección de los mismos. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros compromete la autonomía judicial, al someterla a influencias políticas y electorales, lo que generaría un sistema de justicia parcial y dependiente de intereses ajenos al bien común.

Aunado a lo anterior, mencionaron, la falta de experiencia o conocimiento en materia judicial de las personas que resulten elegidas disminuirá, sin lugar a dudas, la calidad de las resoluciones de los asuntos que se pongan a su consideración, sometiendo tales deficiencias ante los tribunales de alzada y quizá llegando cada vez más asuntos a consideración del Pleno de la Corte ante notables faltas de forma o de fondo, incrementando aún más el tiempo para el acceso de la justicia; asimismo, nos preocupa que en ninguna parte de la reforma se considera incrementar oficinas de juzgados o dotar de una suficiencia presupuestal necesaria para la formación, capacitación y especialización.

Recalcaron que “los efectos de esta reforma impactan directamente en la seguridad jurídica que México necesita para atraer inversiones y promover un desarrollo económico estable”. 

Igualmente, aseveraron que un Poder Judicial politizado generaría incertidumbre legal, desincentivando a quienes buscan invertir en el país. En el contexto actual de nearshoring, los inversionistas requieren confianza y estabilidad, y es nuestra responsabilidad asegurar un entorno confiable para la generación de empleos y el crecimiento nacional.

Recordaron que México está comprometido con tratados internacionales, como el T-MEC, los cuales exigen un sistema judicial autónomo para garantizar una resolución justa e imparcial en conflictos comerciales y la protección de los derechos humanos. 

El 'Amicus Curiae'

Advirtieron que, de persistir la politización del Poder Judicial, el país podría enfrentarse a sanciones comerciales, afectando su competitividad y su posición como un destino confiable para el comercio global.

La Coparmex consideró que fortalecer el Poder Judicial no significa intervenir en su autonomía, sino apoyar la implementación de procesos disciplinarios imparciales y basados en la meritocracia.

Recalcó que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial por voto popular, como plantea la reforma, introduce riesgos de parcialidad que podrían debilitar la administración de justicia. 

La Coparmex y la BMA insistieron enérgicamente en afirmar que un Poder Judicial libre de presiones externas es clave para un México próspero y equitativo.

“Con este Amicus Curiae, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al marco constitucional y el estado de derecho, pilares fundamentales para un entorno de desarrollo social y económico sostenido, donde los derechos y la seguridad jurídica de cada ciudadano estén plenamente garantizados”, apuntaron.

Finalmente, mostraron su confianza en que la Suprema Corte considerará los principios fundamentales expuestos en este Amicus Curiae al analizar esta reforma. Además, extendieron una invitación a la sociedad y a todas las instituciones a unirse a la defensa de un sistema judicial autónomo, esencial para preservar el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales que sostienen nuestra democracia y el progreso de nuestro país.

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