La intención del presidente de la República de enviar al Congreso una iniciativa para trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena -que modificaría uno de los pilares de la estrategia de seguridad vigente- hacen parecer inevitable una discusión sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Desde hace 15 años México vive una crisis de violencia e inseguridad caracterizada por el incremento de los delitos de alto impacto; sin embargo, el debate en torno a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se ha enfrascado en la polarización y la disputa por el poder, lo cual ha dificultado su aprovechamiento como un instrumento de política pública que puede y debe ser mejorado a través de la evaluación objetiva y escrupulosa del Senado, sustentada en los datos y la evidencia disponible, señala un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “Las facultades del Senado de la República en el seguimiento y control de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, advierte que las facultades de control parlamentario sobre la estrategia de seguridad pública son un mandato constitucional surgido de la reforma política de 2014, mediante la cual se convirtió al Senado en un actor corresponsable en la definición, seguimiento y revisión de la política de seguridad pública
Más allá de censurar o respaldar la actuación del gobierno, el Senado debe estudiar y afinar la política pública de seguridad, en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y las que no, el análisis de los temas urgentes por resolver, así como en la formulación de recomendaciones, resalta del documento.
Por otro lado, el análisis del IBD identifica algunas imprecisiones de la ley vigente que han dificultado el ejercicio de las facultades de control del Senado entre las que menciona la falta de normas que establezcan las características mínimas que deben contemplarse en la elaboración de la estrategia de seguridad.
“El ejercicio de las facultades del Senado en el seguimiento y control de la ENSP no ha estado exenta de dificultades, algunas de las cuales han sido propiciadas por una legislación confusa e imprecisa. Y es que, si bien las atribuciones de control parlamentario tienen un sólido sustento constitucional, se carece de disposiciones reglamentarias que detallen las acciones, los procedimientos y, en general, el alcance de las facultades del Senado en esta materia”, enfatiza.
De acuerdo con la investigación, este vacío normativo es un problema no solo porque abre márgenes para la discrecionalidad y la improvisación, sino también porque dificulta las labores de control del Senado, al no contarse con parámetros establecidos en la ley que permitan verificar de manera objetiva e imparcial la calidad y viabilidad de la estrategia de seguridad elaborada e implementada por el gobierno.
De acuerdo al IBD, esta nota estratégica tiene la intención de aportar algunos elementos para enriquecer esta necesaria y relevante discusión desde el punto de vista de las facultades que tiene el Senado para dar seguimiento a la política de seguridad del gobierno, espacialmente, a través de la ENSP.
El documento apunta que la discusión sobre la ENSP parece ser inevitable, pues el presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés de enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se modificaría uno de los pilares de la estrategia de seguridad vigente.
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