El recorte de presupuestos y la reasignación de recursos de las estancias infantiles sigue siendo un tema vigente, problema donde el Ejecutivo sigue violando los derechos humanos y los derechos de la infancia.
Las estancias infantiles era un programa que apoyaba principalmente a madres trabajadoras, aquellas que se encontraban en un estado de vulnerabilidad al trabajar de manera informal y no tener acceso al IMSS e ISSSTE, pero, por otro lado como lo indica la abogada Regina Tamés, las mujeres que trabajaban en las estancias infantiles son afectadas, porque pierden su acceso al trabajo formal.
Desde que el pasado febrero el presidente de la República anunció la cancelación de este programa social, las voces y las manifestaciones no se hicieron esperar; la discusión incluso se dio en el Senado y actualmente el Ejecutivo tiene recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que revierta esa decisión.
Cancelación y redistribución de recursos
A causa de las manifestaciones en todo el país, el Ejecutivo modificó su decisión e informó que se darían de manera directa mil 600 pesos bimestralmente a los padres que tenían inscritos a sus hijos en las estancias infantiles.
Regina Tamés también sentenció que no es posible monitorear el uso de estos recursos y aseguró que con la pobreza que hay en México, ese dinero que el gobierno dará de forma directa terminara en gastos que no comprenderán a los niños.
El presupuesto que se destinó al programa de estancias infantiles en el año 2018 fue de 4 mil millones 70 026 pesos, pero para el 2019 y con la nueva estrategia de reparto de recursos, el valor disminuyó a casi la mitad y quedó en 2 mil millones 41 062 pesos.
Támes califica como horrorizarte el pensar que es posible que el Ejecutivo tome medidas de este tipo sin ninguna certeza legal y social; que sólo con decir vamos a desaparecerlas lo hagan o reduzcan en 2 mil millones el presupuesto, sólo porque así lo indica el presidente.
Reacciones
Las reacciones en torno a la cancelación del programas de estancias se dieron en diferentes ciudades de la República Mexicana, al igual que algunos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión que se pronunciaron respecto a este tema.
Incluso la senadora Lili Téllez, del grupo parlamentario de Morena, consideró el recorte y la reasignación de recursos como un error y le solicitó al presidente rectificar su decisión.
De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno Federal por la suspensión de recursos a las estancias infantiles, argumentando que se violan los derechos humanos de los infantes, al dejarlos en el desamparo y negarles el acceso a la educación.
La abogada Tamés dice que al cancelar las estancias infantiles se están violando los derechos de la infancia al no proporcionarles un lugar adecuado para el desarrollo de sus habilidades y con condiciones de seguridad; Tamés también aseguró que el cambio en el nombre de Guarderías a Estancias Infantiles obedece a que a los niños no sólo es necesario guardarlos; se requiere de personas profesionales, con estudios, para atenderlos y colaborar a su crecimiento.
La CNDH indicó que el gobierno omitió valorar el interés superior de los menores que se beneficiaban de las estancias infantiles y demostró que el Ejecutivo ignoró el impacto positivo que tenía este programa.
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Al respecto, Regina Tamés, recordó que Coneval hizo una evaluación al respecto, que demostró que las personas beneficiadas con el programa reconocieron haber visto un desarrollo motriz en el lenguaje, además de ver habilidades sociales en sus hijos.
Respuesta del Gobierno
A consecuencia de las recomendaciones que la CNDH hizo al Gobierno Federal, el Ejecutivo y la Secretaría del Bienestar calificaron como una “vergüenza” lo emitido por la comisión:
“Es inaceptable y una vergüenza que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido esa recomendación, me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta, para que se tengan elementos. Pero no podemos aceptar esa recomendación por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación es como el mundo al revés, las comisiones de derechos humanos pidiéndonos que violemos los derechos humanos, eso no lo vamos a hacer”, señaló el presidente durante su conferencia matutina del 28 de junio.
La abogada Tamés aseguró que el presidente de la República no tiene elementos de ningún tipo para saber que son las mujeres más pobres las afectadas de esta cancelación, y creer que la recomendación de la CNDH es violatoria es no tener idea de lo que ocurre con las mujeres en México.
Amparos
Ante la decisión del Ejecutivo, el único recurso posible es ampararse y que las instancias judiciales resuelvan sobre la certeza jurídica de dicha acción, indicó la especialista.
En ese sentido, en junio, un juez federal concedió un primer amparo contra la decisión del gobierno federal, para la protección de Viviana “N”, madre que tramitó el amparo a nombre de su hijo, y la operadora de la instancia infantil en la que estaba inscrito.
Con ese amparo se le solicitó al Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar, se le restablezca el apoyo de 2018 a la estancia beneficiada.Tras esta resolución se tramitó una gran cantidad de amparos en diferentes estados para exigirle al presidente de les restituya los recursos a las estancias infantiles.
En Tabasco se promovieron 60 amparos por los encargados de las instituciones educativas, y en Yucatán se interpusieron 176 procedimientos ante juzgados federales que resolvieron a favor de destinar el recurso a las estancias infantiles y dar marcha a tras a la intención del gobierno de destinarlo a los padres.
También la Fundación Barra Mexicana de Abogados (FBM) junto a otras agrupaciones, promovieron una serie de amparos. El juzgado 13 de Distrito otorgó la suspensión definitiva de 37 de ellos, por lo cual el Gobierno Federal queda obligado a restituir el apoyo económico a las mismas, informó la FBM.
Regina Tamés aseguró desconocer de dónde vienen las acusaciones que el Ejecutivo ha hecho para la cancelación de las estancias y es por ello que el poder judicial resolverá a favor de las mismas; además aseguró que el Estado está obligado a brindar este servicio para el desarrollo de los menores.
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