En el preámbulo del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un “último y enérgico llamado” a los senadores a no votar a favor de las reformas en materia electoral. Asimismo, pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del plan B, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en la Constitución.
“Como empresarios pero, sobre todo, como ciudadanos, insistimos en que -tanto las actuales instituciones que organizan las elecciones como los procesos que se llevan a cabo para hacer posible la participación ciudadana libre e informada en periodos electorales- funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos en los periodos pre y postelectorales”, subrayó.
También recordó que la existencia de las instituciones electorales son resultado de una lucha ciudadana por décadas y que han demostrado ser exitosas durante los últimos 30 años, y gracias a lo cual “hoy los votos cuentan y se cuentan”.
Asimismo, el sindicato patronal pidió a los senadores que atiendan con responsabilidad las implicaciones que conllevarían estas reformas en la celebración de elecciones libres, tal como lo señaló el Consejo General del INE.
En este sentido, alertó que de prosperar el plan B, los más perjudicados serán los ciudadanos, toda vez que se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su Credencial de Elector; se desmantelaría la estructura de Módulos del INE; se despediría a cerca de dos mil funcionarios de este instituto que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos; afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y muchas otras acciones que serían daños irreparables a derechos ciudadanos.
Consideró que otras de las afectaciones que habría al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a la democracia debido, entre otros aspectos, a la desaparición de vocales en las juntas distritales, sería la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección e incluso propiciando la anulación de la misma.
Entre otros peligros, externó, están los relacionados con la autonomía del instituto, con la integración del padrón electoral, o con asegurar una contienda en la que exista equidad y una correcta fiscalización de los recursos utilizados para la contienda electoral.
El organismo empresarial abundó que de aplicarse las modificaciones propuestas en el plan B se generaría incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales, así como nueve gubernaturas.
“En Coparmex creemos que la consolidación de un México democrático se alcanzará sí y sólo sí se respetan los logros alcanzados por la ciudadanía para contar con institutos ciudadanizados, autónomos e independientes, que garantizan elecciones libres, confiables y transparentes. Reiteramos el llamado a nuestros representantes y a los ministros de la SCJN para que desde sus atribuciones contribuyan a defender nuestra Constitución y nuestras libertades”.
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