Combatir a las empresas “factureras o fantasma” es necesario, como lo es dar certidumbre jurídica a los contribuyentes cumplidos, honestos y de buena fe.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en los primeros siete meses del año, se registraron 15 503 nuevas empresas, cifra 23.6 por ciento inferior a los 20 288 reportados en el mismo periodo de 2018, lo que representa la cantidad más baja en los últimos cinco años.
Estos datos reflejan la dificultad a la que se enfrentan en la actualidad los dueños de empresas y quienes quieren incursionar a este sector, situación que podría acentuarse más al catalogarse legalmente a los delitos fiscales como delincuencia organizada, según han advertido diversos organismos de instituciones de la iniciativa privada y académicos.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC), José Luis de la Cruz, aseguró que “el escaso financiamiento, la inseguridad y la incertidumbre propician que los empresarios no busquen formalizar su negocio y esto implica que, en el mejor de los casos, lo hagan en la informalidad”.
Pero esto no es lo único que en un futuro desincentivará la creación de empresas sino también la nueva normatividad fiscal, de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que al igual que otros organismos de la iniciativa privada consideran excesivo equiparar a la defraudación fiscal y equiparada como crimen organizado al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.
“Ya de por sí los buenos contribuyentes, particularmente los profesionales, emprendedores y dueños de empresas que cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos, están sufriendo el impacto negativo de la eliminación de la compensación universal, debido que está restringiendo los flujos de efectivo y frenando las inversiones y reinversiones por la lentitud de la devolución de saldos a favor.
“Ahora, los contribuyentes enfrentarán leyes que consideran como delitos y conducta dolosa que amerite prisión preventiva oficiosa un simple error o datos erróneos asentados en las declaraciones de impuestos. Ello coloca a quienes pagan impuestos en una situación de incertidumbre jurídica”, advierte el organismo empresarial.
Según una nota estratégica elaborada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, titulado “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las Empresas “Factureras” o “Fantasma”, la evasión y elusión de impuestos persisten y han ocasionado pérdidas en la recaudación que oscilan entre el 2.6 y el 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Éste es uno de los argumentos que han servido a varios legisladores para justificar diversas iniciativas que pretenden elevar las penas a las empresas “factureras” o “fantasma” y tipificar a la defraudación fiscal como delito contra la seguridad nacional para que amerite prisión preventiva oficiosa.
Frente a estas consideraciones, la Coparmex ha expresado estar a favor del combate efectivo a la venta de facturas falsas y operaciones simuladas con “empresas fantasmas”, incluso que se consideren esas actividades como delincuencia organizada y se aumenten las penas.
“Sin embargo, el sector patronal rechaza que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores, debido a que prácticamente cualquier contribuyente puede resultar afectado. No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que unos pocos delincuentes realizan, se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos”.
Para encontrar mecanismos efectivos en el combate a la defraudación fiscal, la Coparmex reiteró su llamado a que los legisladores, académicos, especialistas e iniciativa privada, lleven a cabo un profundo diálogo, y no acotar el tema a fin de proteger a los contribuyentes cumplidos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales y costos de operación, pero que no pertenecen al crimen organizado.
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