La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para recortar la estructura de la administración pública federal a través de la fusión o eliminación de 18 órganos administrativos.
Al referirse de manera particular a la propuesta de incorporar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mostró su desacuerdo al considerar que trasgrede los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad.
Recordó que la naturaleza jurídica del Sipinna es la de un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación que tiene como responsabilidad establecer instrumentos, políticas y procedimientos, servicios y acciones de protección, con un enfoque integral, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo que su eventual integración al DIF -cuya vocación es asistencialista, no técnica ni coordinadora- le restaría funciones de órgano operador a nivel nacional con los sectores público, social y privado.
El sindicato patronal destacó que la fusión pretendida por el Ejecutivo federal, haría inviable la articulación del sistema con los gobiernos federal, estatal y municipal al estar adscrito como una dirección o unidad administrativa del DIF. “La situación le restaría margen de operación real y en caso de alguna violación a los derechos humanos, tendría que realizar procedimientos administrativos que deben establecerse de manera pronta en casos de emergencia donde estén involucrados menores de edad”, apuntó.
La Coparmex aseguró que de aprobarse esta reforma en sus términos, se vulnerarían los derechos de la población a la que debe atender el Sipinna, debido a que va en sentido contrario del principio constitucional de Interés Superior del Menor, así como de los principios rectores de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como el de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. Además de violar lo dispuesto por el Artículo 2 de dicha norma, en el sentido de que con la propuesta, no se toma en cuenta la opinión de los afectados.
Por otra parte, la iniciativa presidencial argumenta que el mismo personal y presupuesto asignado al organismo será absorbido y ejercido por el DIF, lo que el organismo empresarial aseguró que no existe un ahorro que justifique la intención; al mismo tiempo que señaló que buscar ahorros dentro en la administración pública federal, no puede ni debe ser el eje rector de reformas cuyas consecuencias podrían dejar en la indefensión a 38.2 millones de niños, niñas y adolescentes.
La Coparmex pidió al Congreso de la Unión que escuche la voz de todos los sectores de la sociedad mexicana a fin de evitar la aprobación de leyes regresivas que lesionan la protección de derechos humanos, particularmente los de un sector vulnerable de la población.
Finalmente, hizo un llamado al gobierno federal para sumar esfuerzos, a fin de construir una agenda de protección a las niñas, los niños y adolescentes mexicanos, donde no se deje a nadie atrás.
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