Coordinación entre autoridades es necesaria para luchar contra delitos financieros

A pesar de los esfuerzos que México está realizando en el combate al crimen financiero, la debilidad general de las instituciones, la gravedad del crimen organizado en el país y los bajos niveles de enjuiciamiento impiden mejores resultados.



Los ingresos delitos financieros en México fluctúan entre 25 mil millones de dólares y 62 mil millones de dólares al año, según datos recabados en el informe “El Crimen Financiero en América Latina y el Caribe”, elaborado por el Global Financial Integrity (GFI).

De acuerdo a expertos que estudian este fenómeno y que fueron consultados para este análisis, coinciden en reconocer que actualmente se llevan a cabo importantes esfuerzos para combatir los delitos financieros además de que el gobierno ha priorizado este tema; sin embargo, existen varios desafíos que impiden su progreso como son la debilidad general de las instituciones, la gravedad del crimen organizado en el país y los bajos niveles de enjuiciamiento.

Entre los hallazgos de la investigación destacan que los tipos de delitos financieros más prevalentes que afectan a México sobresalen la corrupción y el lavado de dinero (empatados con los más prevalentes). A estos le siguieron el blanqueo de capitales basado en el comercio y en el último lugar se colocó el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, se señala que las principales actividades que generan ingresos delictivos financieros, clasificadas por orden de magnitud percibida, son la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de minerales.

Los delitos financieros mexicanos frecuentemente involucraron a otras jurisdicciones como China, Colombia y los Estados Unidos. En menor medida, también implicaron a Panamá, Guatemala y otros países centrales. Países de América, particularmente en lo que respecta al contrabando de efectivo a granel.

Vulnerabilidades en el combate

El informe menciona algunas de las vulnerabilidades que en el país existen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre estas considera que hace falta comunicación y coordinación entre las agencias gubernamentales, particularmente entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía, lo que contribuye a los bajos niveles de enjuiciamientos y condenas.

Por otra parte, asegura que existe un conocimiento limitado de los riesgos planteados por los guardianes, combinado con requisitos mínimos de información para los guardianes y conocimiento limitado del blanqueo de capitales basado en el comercio y los riesgos que plantea.

Otros factores contextuales también limitan la efectividad de la respuesta lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de México, incluida la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, los recursos fiscales limitados y los desafíos de seguridad física que consumen atención.

Sugerencias para avanzar efectivamente

El estudio “El Crimen Financiero en América Latina y el Caribe” lleva a cabo una serie de recomendaciones a fin de que la lucha contra estos delitos sea efectiva.

El documento destaca que en el gobierno federal mide el éxito en la lucha contra los delitos financieros en términos de cuentas congeladas o activos incautados.

El análisis enlista una serie de recomendaciones para Estados Unidos a fin de que su colaboración con México sea más efectiva:

1) Que se comprometa con México en cuestiones de delitos financieros a través de la lente de la lucha contra la corrupción, que ofrece muchas oportunidades prometedoras.
2) Incorporar la prevención de blanqueo de capitales basado en el comercio en sus programas de desarrollo de capacidades, particularmente en lo que se refiere a comercio con Estados Unidos, China y Colombia.
3) Trabajar con México para abordar las debilidades en ciertas profesiones de portero, comenzando con notarios.
4) Compartir información con México con respecto a los datos y las mejores prácticas de propiedad beneficiaria, particularmente ahora que EUA se embarca en su propia implementación de propiedad beneficiaria, aprovechando esto como una herramienta para combatir la corrupción y los delitos financieros en ambos países.

 

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