Tras décadas de lucha de la sociedad civil en ámbitos como el electoral, la transparencia y lucha contra la corrupción, es fundamental que la defensa de las instituciones permanezca.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, hizo un llamado a la sociedad civil organizada, la academia y al sector empresarial para integrar un frente común que defienda el buen funcionamiento, la independencia y ciudadanización del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los sistemas locales.
“Si las fuerzas políticas encuentran un frente ciudadano unido, organizado y valiente en la defensa de este sistema, se evitará su debilitamiento hasta su desaparición, como algunas personas desearían”, sentenció.
Al inaugurar el foro “Riesgos de Continuidad en los Sistemas Estatales Anticorrupción”, aseguró que para el sector privado es trascendental el acompañamiento a los Comités de Participación Ciudadana (CPC) y el funcionamiento a cabalidad de los Comités Coordinadores estatales y nacional, y por ello señaló que la “Coparmex no cesará en su labor de colaboración en la solución de los conflictos como los que ahora vemos en los estados, pues son parte toral de las labores de nuestra Comisión de Ética e Integridad”, destacó.
El dirigente empresarial enfatizó que “la corrupción es un cáncer que lastima a las familias mexicanas, que nos cuesta millones de pesos y, peor aún, que lastima o cobra vidas; por ello, desde el sector empresarial seguiremos actuando con énfasis en la Integridad y la cultura de la legalidad, sin olvidarnos que cada cifra que leemos en reportes de corrupción, implica vidas de seres humanos que han sido impactadas negativamente”.
Agregó que es necesario humanizar el combate a la corrupción poniéndole cara a las cifras, además de conformar un frente unido que lleve a cabo acciones contundentes con el que se defienda al Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su parte, Ricardo Salgado Perrilliat, wecretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), consideró que es un gran logro que existan 20 políticas estatales aprobadas a partir de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), aunque alertó que ante los problemas que se han enfrentado a nivel nacional y local, 12 comisiones de selección y dos Comités de Participación Ciudadana se encuentran sin funcionamiento.
Frente a esta situación urgió a que se reactive el trabajo de estas comisiones y comités, pues de lo contrario en breve el 37 por ciento de las mismas estarán sin funcionamiento lo que generará la ausencia de CPC locales y a su vez la parálisis de las Comisiones Ejecutivas.
A su vez, Jorge Alatorre, integrante del CPC Nacional, destacó que tras décadas de lucha de la sociedad civil en ámbitos como el electoral, de lograr mayor transparencia y de lucha contra la corrupción, es fundamental que la defensa de las instituciones permanezca. “Estaremos dando la batalla paso por paso (…) defender lo que hemos heredado de generaciones previas para tener un México de instituciones”.
Por su parte, Leonor Quiroz Carrillo, presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex, destacó que cada vez son más evidentes las señales de debilitamiento del sistema anticorrupción por acciones u omisiones del poder público, además de que los Comités de Participación Ciudadana enfrenten diversos retos como el presupuestal, los vicios de cooptación, barreras para su funcionamiento y la necesidad de autoevaluación.
Asimismo, reiteró el respaldo de Coparmex para interponer litigios estratégicos en defensa de los comités que lo soliciten, además se mostró a favor de la creación de una Ley General de Designaciones Públicas Abiertas, toda vez que consideró que es un punto clave de partida para que las instituciones funcionen.
Durante el foro varios integrantes de CPC del país dieron a conocer las dificultades a las que se enfrentan actualmente. En este sentido Edgar Téllez, integrante del CPC de Ciudad de México, mencionó que en el Congreso está en trámite una iniciativa de reforma con la que se pretende quitar atribuciones a su comité, y dio a conocer la omisión en que se ha incurrido -desde marzo del 2021- para dotar de presupuesto necesario al sistema para su operación, funcionamiento y el pago de honorarios previstos en la Ley.
Por su parte, Katya Morales, de Guanajuato, destacó la reducción arbitraria del 25 por ciento en concepto de honorarios que han sufrido los integrantes del comité y lamentó el golpeteo político constante de que han sido objeto para debilitar la labor y funciones del organismo.
En su turno, Francisco Mariscal, de Puebla, evidenció la alta rotación de autoridades en el Comité Coordinador, la reducción arbitraria de los honorarios del CPC en 72 por ciento su integración con sólo tres miembros y no cinco como debiera ser.
David Gómez, de Jalisco, reveló la persecución política que ha sufrido en su persona y el CPC, así como el intento de reforma legal para debilitar la labor ciudadana. Asimismo, propuso a la Coparmex elaborar en conjunto con la Red de CPCs, una propuesta de Ley General de Designaciones Públicas.
Adriana del Valle, de Veracruz, dijo que las autoridades quieren generar cansancio entre los integrantes de los comités toda vez que les exigen reportes exhaustivos, mientras que Liliana Ochoa, de Chihuahua, expuso la deliberada omisión del Comité Coordinador en su estado para analizar y aprobar la Política Anticorrupción que lleva un año detenida.
En respuesta a las problemáticas expuestas, los participantes del foro pusieron sobre la mesa cuatro acuerdos principales:
• La unión de Coparmex con la Red Nacional de CPCs para trabajar en la creación de la Comisión de Designaciones Públicas Abiertas e impulsarla con la sociedad civil.
• Diseñar la Ley General de Designaciones Públicas Abiertas.
• Coparmex acompañará la defensa de los CPC que lo soliciten -en la modalidad jurídica que decida cada Comité- para luchar contra su debilitamiento.
• Participar en una propuesta conjunta de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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