El 22 de agosto, se aprobaron reformas al Código Civil del Distrito Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, mismas que incluyen temas de rentas, contratos y propiedad privada, pero que han sido sumamente cuestionadas por el sector inmobiliario, al no ser claras, dañar el patrimonio familiar y estar abiertas a pérdidas.
Las reformas al Código Civil del Distrito Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, que prometen transformar el panorama inmobiliario en la capital del país. Una de las modificaciones clave al Código Civil local establece que el aumento en las rentas en Ciudad de México no podrá superar la tasa de inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.
Además, se ha implementado un registro digital obligatorio para los contratos de arrendamiento, donde los arrendadores tendrán un plazo máximo de 30 días, a partir de la firma del contrato, para registrar sus acuerdos; sin embargo, uno de los cambios más controversiales ha sido la reforma al artículo tres de la Constitución de la capital, que aborda el tema de la propiedad privada y pública.
El cambio clave establece que la propiedad privada ahora se regirá bajo los mismos principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, que tiene y ha tenido el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada”.
De igual manera, la reforma otorga a la Nación el derecho de imponer a la propiedad privada las restricciones que dicte el interés público, así como regular el uso de los recursos naturales susceptibles de aprovechamiento.
Reformas causan ruido al sector inmobiliario
Ante las reformas, el sector inmobiliario y empresarial, han mostrado su preocupación y han lanzado alarmas. Por su parte, Juan Pablo Castañón, ex presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que “eliminar por decreto el principio de respeto a la propiedad privada de la Constitución de la CDMX es gravísimo” y destacó que es un principio que atenta contra el patrimonio de las familias mexicanas.
Por su parte, Fernando Rodríguez Bustamante, miembro del consejo de inmobiliarios profesionales del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), explicó que la iniciativa de incrementar las rentas conforme a la inflación parece ser noble, pero hay falta de claridad, lo que ocasiona que no sea una iniciativa del todo factible.
Rodríguez destacó que, para el sector inmobiliario la aprobación de la reforma fue una sorpresa pues “no se buscó a sectores inmobiliarios, quienes representamos a los dueños, para comentar eso ampliamente” y agregó que el cambio se aprobó inmediatamente. El experto detalló que el aplicar un control en las rentas “es característico de los regímenes de izquierda”.
“Antes de esa iniciativa el límite del aumento de la renta era del 10 por ciento y se mencionó que esa era una de las principales causas de la reforma”, comentó el especialista de CITI y destacó que, como expertos aconsejan a los dueños aumentar un cinco por ciento, “con la inflación no podemos aconsejar nada pues nos saldríamos del mercado”.
El especialista destacó que, pese a recomendaciones, aumentar 10 por ciento depende de los dueños de las propiedades, pero siempre ha habido un límite, “si lo limitamos a la inflación, si sube más del 10 por ciento, ahí sí habría un problema, por ejemplo, en una renta de cinco mil pesos, sería un aumento muy bajo para que el propietario pudiera tener con esos ingresos un estilo de vida cómodo conforme al costo de vida”.
Respecto al registro de contratos, Fernando Rodríguez explicó que hay unas cinco millones 800 mil propiedades que se rentan actualmente, de ellas el 54 por ciento tiene un contrato vigente, por lo que la iniciativa podría ser un desincentivo ya que “es grande el rezago de las que no tienen un contrato y si impones esas regulaciones, perjudica en la voluntad de las partes”.
Las inmobiliarias han añadido que los beneficios para la población deben ser parejos, y con las nuevas reformas, los propietarios no tendrían asegurados los beneficios sobre las propiedades que adquirieron con esfuerzo y que son patrimonio familiar. ¿Crees que las reformas benefician a ambas partes propietario/inquilino?
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